El día de ayer, con una sentencia de 9 años de prisión, culminó el proceso federal que la PGR promovió en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El final fue precipitado por el propio exgobernador que, a cambio de una pena reducida, dijo ser responsable de lo que se le acusaba.
El reloj digital de la sala de audiencias del Reclusorio Norte marcaba las 8 de la noche con 12 minutos. Habían transcurrido ya cuatro horas de sesión.
El juez Marco Tapia miraba fijamente a Javier Duarte. Su rostro, visiblemente más delgado que en otras ocasiones pero cubierto con una barba abundante, no rehuía a los ojos del juzgador.
-¿Está usted seguro de haber comprendido la explicación que le di? – dijo el juez a Duarte, rompiendo el silencio que se había extendido por varios segundos.
–Si su señoría lo entendí bien – respondió Duarte.
-¿Quiere renunciar a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda razonable, que usted es culpable de lo que se le acusa?
-Sí su señoría…
-Entonces le voy a volver a hacer la misma pregunta para que no queden dudas… ¿Admite usted, en este momento, la responsabilidad en los delitos que se le imputan?
–En base del principio de lealtad y de institucionalidad que rigen mi conducta… sí su señoría, la acepto… – señaló Duarte sin titubear.
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El día de ayer, con una sentencia de 9 años de prisión, culminó el proceso federal que la PGR promovió en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el cual inició con la obtención de una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2016 y su posterior detención en Guatemala en abril de 2017.
Pero el fallo emitido por el juez no fue resultado – como el propio juzgador dijo – de un proceso en el cual los fiscales convencieran a un Tribunal de que Duarte había cometido los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa que se le imputaban. El final fue precipitado por el propio exgobernador que, a cambio de una pena reducida, dijo ser responsable de los hechos de los que se le acusaba.
A continuación se describen los pasajes principales de esta audiencia que, en teoría, solo era el paso previo para un juicio oral que ya no ocurrirá.
La petición
Con 12 minutos de retraso inició la audiencia programada para las 16 horas.
Javier Duarte y sus tres abogados ocuparon la mesa de la derecha de la sala. En la izquierda estaban cuatro fiscales de la PGR, dos hombres y dos mujeres, junto con un representante de la Secretaría de Hacienda, que, en el caso de Duarte, funge como la víctima por tratarse de un quebranto al erario.
“Mira que delgado está Duarte. Parece como si hubiera perdido 30 kilos…” comentó una de las 16 personas que ocupaban los únicos lugares disponibles para el público, y de los cuales la mitad eran periodistas. El exmandatario estatal, en efecto, lucía muy delgado, incluso aún más que en los últimos meses de gobierno cuando él decía que había perdido peso tras someterse a un tratamiento.
Tras decretar abierta la sesión, el juez señaló que la convocatoria era para una audiencia intermedia de preparación al juicio. Pero una de las fiscales de PGR pidió la palabra para señalar que, el pasado 17 de septiembre, Duarte había presentado a través de sus abogados una petición de un “proceso abreviado” con el cual, él aceptaría su responsabilidad a cambio de que se impusiera la pena mínima que marca la ley por los dos delitos.
El juez preguntó entonces a la defensa si esto era correcto. El abogado Ricardo Reyes Retana respondió que sí, que ellos habían hecho la solicitud, y que estaban de acuerdo. Más tarde, al salir de la audiencia, el litigante señalaría incluso que fue su idea y que Duarte la aceptó.
Lo que vino después fue la acusación. En síntesis, la PGR señaló que Duarte era responsable de “dirigir una organización criminal que operó en Veracruz Guerrero y Ciudad de México, y a través de la cual se desviaron cantidades millonarias de recursos públicos… utilizando para ello empresas fantasma y prestanombres… Todo con la finalidad de invertirlo en propiedades y otros bienes en beneficio de él, de su esposa y de su familia”.
Enemigo en casa
Las siguientes dos horas de audiencia, interrumpidas solo por un receso de 10 minutos, transcurrieron con la lectura de las pruebas que la PGR decía tener para demostrar que el exgobernador era culpable. Había múltiples documentos pero, sobretodo, testimonios. Declaraciones que no eran de víctimas o denunciantes, sino de personas del primer círculo de Javier Duarte.
Estaban, por ejemplo, los abogados Juan Janeiro y Alonso Ortega, quienes señalaron que trasfirieron recursos a empresas fachada y los invirtieron en múltiples propiedades. Confesiones brindadas a cambio de no pisar ellos mismos la cárcel.
Estaban las declaraciones dos de sus más cercanos excolaboradores en el gobierno, Arturo Bermúdez – quien dirigiera la secretaría de Seguridad – y su extesorero, Antonio Tarek Abdalá, los cuales dijeron que por órdenes de Duarte y de su esposa Karime Macías habían desviado recursos públicos.
Los fiscales también dijeron tener el testimonio de Xóchitl Tress, otra exfuncionaria del gobierno pero además expareja sentimental de Duarte, quien confesó que siendo directora de espacios educativos no recibió el dinero que requería para reparar escuelas pero sí, en cambio recursos para comprar una camioneta de lujo y una casa.
Incluso se presentó el testimonio del dueño de la joyería Berger de Polanco quien dijo que le vendió a Moisés Mansur, a Ortega y a Janeiro medio millón de dólares en joyas que eran, según los testimonios, para Karime Macías.
“A Duarte lo traicionaron para salvarse todos el pellejo…” susurró una persona sentada en el público de la sala.
El exgobernador escuchó los testimonios sin mayor sorpresa, o al menos eso mostraba en apariencia.
Sospecha fundada, inocencia perdida
“En resumen su señoría, solicitamos se impongan nueve años de prisión a JDDO (siglas con las que formalmente se denominaba a Duarte en el proceso) por los delitos ya mencionados… es el mínimo que marca la ley con el beneficio que el acusado obtendría”, dijo la fiscal de la PGR tras concluir su exposición.
Tras hacer unas anotaciones y pedir precisión en dos datos, el juez centró su atención en Duarte y comenzó con él un diálogo directo.
-Le voy a explicar a qué tiene derecho usted antes de que renuncie a ello… Tiene derecho a un juicio oral en el que se determine su culpabilidad o no… tiene usted derecho a que se le presuma siempre inocente hasta que no se demuestre lo contrario en ese juicio…
Duarte asentía con la cabeza, sin comentar nada. El juez prosiguió.
– Es un juicio en que el estándar de prueba es elevado. En el que el Ministerio Público está obligado a demostrar, lejos de toda duda razonable, que usted cometió esos delitos. Y es un juicio en el que usted tiene derecho a presentar sus propias evidencias y si resulta que los delitos no se prueban, usted queda en libertad, libre de cualquier antecedente penal.
El exgobernador hizo un gesto mínimo, en señal de que comprendía.
-En un procedimiento abreviado como el que ahora se solicita – continuo el juez – usted garantiza la pena mínima… eso es correcto. Pero estará aceptando su responsabilidad en los términos que ya planteó la fiscalía. Y usted va a ser sentenciado con registros de investigación enumerados en la exposición, pero sin haber visto realmente las pruebas.
-Entiendo su señoría – respondió esta vez Duarte de inmediato, sin mayor tiempo para reflexionarlo.
-¿Consultó usted con sus abogados sobre esta decisión? ¿la platicó con ellos? –añadió el juez con insistencia.
– Sí lo hice – respondió de nuevo casi en automático Javier Duarte.
Acto seguido, el juez Marco Tapia preguntó al exgobernador sobre su culpabilidad. Luego vino un último receso, y a las 8 de la noche con 29 minutos el veredicto.
“Emito fallo de condena en su contra por los delitos que se le imputan en su calidad de autor material de los mismos…. Se le impone la pena propuesta de 9 años de prisión y 990 días de multa. Ordeno que se le amoneste para que no incurra en estas conductas nuevamente. Se suspenden sus derechos políticos y civiles por el tiempo de nueve años. Autorizo el decomiso de 40 propiedades ya descritas. Y por tratarse de delitos formales, queda exonerado de la reparación del daño”, concluyo el juez.
Y Duarte escuchó la noticia, de nuevo, sin mayor expresión.
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Los cuatro fiscales de la PGR que asistieron a la audiencia abandonaron el edificio casi de inmediato. Lo hicieron a bordo de una camioneta Suburban color plata con las ventanas abajo. Ello permitió verlo sonrientes e intercambiando expresiones.
– Estarán contentos pero a Duarte le salió muy barato, dijo uno de los periodistas que esperaba afuera por una entrevista.
– En el país del no pasa nada, algo es algo- le respondió otro colega.
