A pesar de los esfuerzos del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por restringir la entrada en el país de inmigrantes procedentes de Centroamérica, un estudio divulgado hoy indica que las solicitudes de asilo aumentaron en los últimos años por la creciente violencia que sufre la región.
Concretamente, el informe realizado por el Center for American Progress (CAP) indica que, entre los años 2011 y 2017, el número de peticiones de asilo de personas procedentes de los países del llamado Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) se multiplicó por once.
Este dato es también notorio en las solicitudes realizadas por ciudadanos venezolanos, que en ese mismo período se multiplicó por 35.
El estudio achaca esta tendencia a los altos niveles de violencia que sufren los países de origen de los solicitantes, sobre todo en comparación con estos mismos indicadores en Estados Unidos.
El índice de asesinatos por cada 100.000 habitantes es de 60 en El Salvador, 42,8 en Honduras y 26,1 en Guatemala, frente al 5,3 registrado en Estados Unidos.
Respecto a los venezolanos, el informe apunta al «colapso de Venezuela» y a la actual «crisis humanitaria», que tiene su reflejo en sus notables tasas de violencia, como principales motivos de la salida masiva de sus ciudadanos rumbo a otros países.
El estudio cita, a modo de ejemplo, la tasa de asesinatos de mujeres en el país bolivariano, que afecta a 24,5 de cada 100.000 féminas, una cifra que, según el informe, sólo es comparable con países que sufren conflictos armados.
«Estos datos arrojan una imagen clara del porqué la gente está huyendo de Latinoamérica. Pero en vez de reconocer la necesidad de hacer más por la estabilidad de estos países, la actual Administración está adoptando medidas que empeorarán la situación», denunció la analista de Políticas Migratorias de la CAP, Silvia Mathema, en un comunicado.
La publicación de este informe se produce apenas cinco días después de que una investigación del diario The New York Times pusiera de manifiesto que las autoridades estadounidenses han perdido la pista a cerca de 1.475 menores que emigraron a Estados Unidos con sus padres, de quienes fueron separados en la frontera.
Según han denunciado en los últimos días diversas organizaciones, a pesar de que la mayoría de estos inmigrantes llegaron al país irregularmente, en numerosos casos la separación se produjo tras haber solicitado asilo en el puerto de entrada, tal y como establece la legislación.
FUENTE: EL ECONOMISTA
