Desde que se dieron a conocer los documentos, los implicados se han dedicado a desmentir las acusaciones.
Varios gobiernos en todo el mundo se esforzaban el martes por mitigar las consecuencias causadas por la publicación de miles de nombres de ricos y famosos que condujeron actividades financieras en paraísos fiscales extraterritoriales por medio de una firma de abogados en Panamá.
China desestimó lo que calificó de informes «infundados» de que familiares de políticos actuales y retirados, incluso el presidente Xi Jinping, poseyeran compañías extraterritoriales. La prensa estatal ignora los informes, y los resultados de la búsqueda de «documentos de Panamá» han sido bloqueados en los cibersitios y los medios sociales.
El primer ministro de Islandia dijo que no renunciará pese a que miles de manifestantes demandaron su renuncia y la convocatoria a elecciones después que las revelaciones mostraron posibles vínculos suyos con una compañía extraterritorial que podría significar un serio conflicto de interés.
El presidente de Ucrania fue acusado de abuso del cargo y de evasión de impuestos al trasladar su negocio de golosinas al exterior, posiblemente privando a las arcas nacionales de millones de dólares en impuestos, según publica The Associated Press.
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En Argelia, una empresa que maneja las finanzas del ministro de industria Abdessalam Bouchouareb dijo que está vinculado a una firma creada en Panamá, pero que sus actividades están congeladas mientras desempeña su cargo en el gobierno.
El periódico francés Le Monde informó que el ministro argelino dirige una compañía panameña llamada Royal Arrival Corp. Contactado por The Associated Press, Bouchouareb se negó a formular declaraciones y remitió la consulta a una declaración difundida por su firma financiera CEC con sede en Luxemburgo. Esta firma dijo que CEC creó Royal Arrival Corp. para manejar los bienes de Bouchouareb, pero que cuando el ministro se enteró acerca de la nueva compañía, ordenó congelar sus actividades mientras estuviera en el gobierno.
Los informes provienen de un grupo global de organizaciones noticiosas que trabajan con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con sede en Washington. El grupo procesó los registros legales de la firma de abogados Mossack-Fonseca que fueron filtrados primero al periódico alemán Sueddeutsche Zeitung.
Las compañías extraterritoriales no son necesariamente ilegales. Los individuos o las compañías pueden usarlas para reducir legalmente su carga impositiva beneficiándose con impuestos más bajos en lugares como Panamá, las Islas Caimán y Bermuda. Pero la práctica es cuestionada, particularmente cuando la aprovechan los políticos, quienes enfrentan críticas por no contribuir a las economías de sus propios países.
Pero como las cuentas y empresas extraterritoriales también ocultan los nombres de los propietarios reales de las inversiones, también son utilizadas a menudo para evadir impuestos ilegalmente o lavar dinero.
Mossack Fonseca afirma haber obedecido todas las leyes relativas al registro de empresas y dijo que no aconseja a sus clientes a evadir impuestos o evitarlos legalmente.
La firma de abogados dijo en una declaración que su industria no es particularmente comprendida por el público y lamentó que las filtraciones solo contribuyan a agudizar la confusión.
Agregó que aunque han sido víctimas de una filtración de datos, nada en ellos sugiere que haya hecho nada ilegal.
Miembros del Grupo de los 20 -que incluye China- accedieron nominalmente a hacer más estrictas las leyes relativas a compañías extraterritoriales y asegurarse de que las autoridades descubran quiénes son los verdaderos propietarios. Pero no ha pasado de promesas.
La aparición de cuentas o compañías extraterritoriales en los escándalos políticos no es nada nuevo. Desempeñaron un papel central en el escándalo de Petrobras en Brasil. Asimismo el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en una acusación el año pasado que se usaron dichas cuentas para ocultar la transferencia de sobornos a dirigentes de la FIFA.
Por su parte la Unión Europea impuso regulaciones en 2005 requiriendo que los miembros compartieran información impositiva sobre personas físicas pero no sobre compañías. Más adelante, implementó nuevas reglas para combatir el blanqueo de capitales que exigen a las compañías mantener información precisa sobre sus verdaderos dueños y hacerlas disponibles a las autoridades.
