Este domingo, cinco reos murieron y otros 33 resultaron heridos en una cárcel de la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú en momentos en que se realizaba una reorganización de reos, informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
El hecho ocurrió durante la madrugada debido a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad“, indicó, sin más detalles, en un comunicado.
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Anotó que los presos heridos, así como un agente policial también lesionado, han sido atendidos por personal sanitario, pero no ha revelado su estado de salud.
El departamento de comunicación del SNAI informó de que siete reos “fueron aprehendidos y entregados a las autoridades competentes, conforme los procedimientos legales establecidos”.
Crisis de violencia
El pasado 1 de noviembre, 12 personas fueron halladas muertas en tres cárceles de Ecuador, según confirmó el Snai.
Seis hombres fueron encontrados en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, ubicada en la ciudad costera de Guayaquil; otros cuatro en la cárcel de Turi, de la andina Cuenca; y otros dos en la prisión de Esmeraldas, al norte del país.
En el caso de los presos de la Penitenciaría, el SNAI señaló que fueron “muertes naturales”. Los reos habrían fallecido por tuberculosis, según el Ministerio del Interior.
Con respecto a las muertes en los otros dos centros, medios locales señalaron que, de acuerdo a reportes policiales, algunos de los cuerpos tenían heridas provocadas por armas de fuego, otros por armas blancas y otros tenían hematomas.
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Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.
Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.
