El Congreso de Estados Unidos avanza en la tramitación de una nueva ley de deportaciones de inmigrantes que, de ser aprobada, permitiría la expulsión de personas indocumentadas acusadas de delitos menores, sin necesidad de condenas. La Cámara de Representantes ya aprobó la iniciativa, y el Senado le dio luz verde para su discusión final gracias al apoyo de senadores demócratas, publicó en su portal web el periódico español El País.
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La legislación, conocida como Ley Laken Riley, ordenaría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detener a inmigrantes no autorizados que sean acusados, detenidos o condenados por delitos como hurtos y robos no violentos, y permanecer en detención hasta su deportación. Actualmente, para iniciar un proceso de deportación es necesario que los inmigrantes hayan sido condenados por al menos dos delitos menores o un delito grave.
El proyecto recibió 264 votos a favor y 159 en contra en la Cámara baja, con 48 congresistas demócratas sumándose a los republicanos. En el Senado, fue crucial el respaldo demócrata para superar el filibusterismo, un mecanismo que requiere 60 votos para avanzar. Aunque los republicanos cuentan con 53 senadores, la votación preliminar alcanzó 84 votos favorables, abriendo el camino para que la norma sea aprobada con una mayoría simple.
El diario español de circulación mundial difundió declaraciones del líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien declaró que su partido planea proponer enmiendas para consensuar el texto con los republicanos. Aunque la redacción actual es más estricta, aún quedan por definir algunos elementos clave antes de su votación definitiva, que podría ocurrir esta misma semana.
La ley lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante asesinada en 2022 por José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano que cruzó la frontera ilegalmente. Este caso fue central en la campaña electoral de Donald Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero. Trump ha prometido endurecer las políticas migratorias y acelerar las deportaciones, especialmente de quienes hayan cometido delitos.
Organizaciones proinmigrantes han expresado su rechazo a la iniciativa. United We Dream Action señaló que la ley permite la detención y deportación basándose únicamente en acusaciones, lo que, según estas agrupaciones, vulnera la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso. Algunos críticos también alertan sobre el riesgo de desviar recursos hacia delitos menores en lugar de concentrarse en casos de mayor peligrosidad.
En paralelo, el gobierno de Joe Biden extendió el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses para más de un millón de inmigrantes de 17 países. Entre los beneficiarios se encuentran 600.000 venezolanos, 230.000 salvadoreños y 100.000 ucranianos. Este programa, creado en 1990, permite a personas de países afectados por desastres naturales o conflictos permanecer legalmente en Estados Unidos por periodos renovables.
El TPS para los venezolanos estará vigente hasta octubre de 2026, mientras que el de los salvadoreños se prorrogará hasta septiembre del mismo año. Durante su primer mandato, Trump intentó poner fin a este programa para El Salvador, pero los tribunales bloquearon su decisión. El expresidente ha señalado su intención de revisar nuevamente el TPS en su administración.
Por último, los republicanos trabajan en nuevas propuestas legislativas, como obligar a los solicitantes de asilo a esperar fuera del país mientras se resuelven sus casos y reducir la financiación federal a ciudades que no colaboren con las autoridades migratorias.
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