La batalla legal sobre el controvertido plan de Texas para detener a migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos está a punto de llegar a su punto álgido en la Corte Suprema del país, desencadenando un enfrentamiento jurídico crucial sobre la autoridad del gobierno federal en temas de inmigración.
El tribunal supremo bloqueó temporalmente la implementación de la ley de inmigración de Texas hasta el 13 de marzo, solicitando al estado que presente su respuesta antes del 11 del mismo mes. La decisión llegó poco después de que el Departamento de Justicia pidiera su intervención.
La legislación, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre, tenía previsto entrar en vigor el sábado. Abbott ha sido un defensor destacado de medidas más estrictas para regular la frontera, desafiando constantemente los límites sobre hasta dónde puede llegar un estado para contener la inmigración irregular.
La ley les permitiría a los agentes estatales detener a las personas sospechosas de ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Posteriormente, las personas detenidas podrían aceptar la orden de un juez de Texas de salir del país o enfrentar un cargo de delito menor por entrar ilegalmente. Los migrantes que no abandonen el territorio estadounidense tras recibir la orden de hacerlo podrían ser detenidos de nuevo y acusados de un delito más grave.
El Departamento de Justicia le dijo a la Corte Suprema que la ley alteraría profundamente “el statu quo que ha existido entre Estados Unidos y los estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años”. Además, argumentó, la ley tendría “efectos adversos significativos e inmediatos” en la relación del país con México y “crearía caos” en la aplicación de las leyes federales de inmigración en Texas.
El gobierno federal citó un fallo de la Corte Suprema de 2012 sobre una ley de Arizona que habría permitido a la policía detener a personas por infracciones a las leyes federales de inmigración, a menudo conocida por los opositores como el proyecto de ley “muéstrame tus papeles”. En una decisión dividida, el máximo tribunal consideró que el estancamiento en Washington de la reforma migratoria no justifica la intromisión estatal.
En un comunicado el lunes, la fiscalía general de Texas dijo que la ley del estado refleja la ley federal y “fue adoptada para hacer frente a la actual crisis en la frontera sur, que perjudica a los texanos más que a nadie”.
La petición de emergencia del gobierno federal a la Corte Suprema se produjo después de que un tribunal federal de apelaciones suspendiera el fin de semana la decisión del juez federal de distrito David Ezra de rechazar de plano la ley.
En un fallo de 114 páginas emitido el jueves, Ezra censuró las medidas de Texas para bloquear la inmigración y desestimó los alegatos de los republicanos de que hay una “invasión” en curso a lo largo de la frontera sur debido al nivel máximo récord de cruces ilegales.
Ezra añadió que la ley viola la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, entra en conflicto con la ley federal de inmigración, y podría interponerse en el camino de las relaciones exteriores del país y las obligaciones contraídas en tratados.
Según el fallo de Ezra, permitir que Texas prevalezca sobre la ley federal debido a una “invasión” sería equivalente “a la nulificación de la ley y la autoridad federales, un concepto que es antitético a la Constitución y que ha sido inequívocamente rechazado por los tribunales federales desde la Guerra Civil”.
Los republicanos que respaldan la ley han dicho que no afectaría a los migrantes que ya viven en Estados Unidos porque el plazo de prescripción de dos años sobre el cargo de ingreso ilegal sólo se haría valer a lo largo de la frontera del estado con México.
Texas lleva años arrestando a migrantes en el marco de un programa diferente que se basa en detenciones por invasión de propiedad privada, un cargo grave.
Aunque Ezra reconoció que algunos podrían simpatizar con las preocupaciones de los funcionarios de Texas sobre la forma en que el gobierno federal aplica la ley de inmigración, señaló que eso es insuficiente para excusar una transgresión a la Constitución de Estados Unidos.
El enfrentamiento en torno a la ley de inmigración de Texas —conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado— es una de varias disputas jurídicas entre las autoridades de Texas y el gobierno del presidente Joe Biden sobre hasta dónde puede llegar el estado para patrullar la frontera entre Texas y México e impedir los cruces fronterizos ilegales.
Varios gobernadores republicanos han respaldado la iniciativa de Abbott, alegando que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes.
Algunos de los intentos de Abbott para impedir los cruces ilegales en la frontera han incluido una barrera flotante sobre el río Bravo (o Grande) —que Ezra bloqueó anteriormente y forma parte de una batalla jurídica en curso— y la colocación de alambre de púas a lo largo de la frontera del estado con México.
Elementos de la Guardia Nacional de Texas también han impedido el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza a un parque frente al río en la ciudad de Eagle Pass que anteriormente era utilizado por agentes federales para procesar a los migrantes.
Con información de AP.
