La Corte Suprema de EE. UU. declina revisar casos clave sobre armas semiautomáticas y cargadores de alta capacidad. Conozca los detalles y su impacto.»
La Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado dos apelaciones significativas que buscaban anular leyes de control de armas en Maryland y Rhode Island, manteniendo vigentes las prohibiciones sobre rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad. Esta decisión, tomada tras meses de deliberación, establece un precedente crucial en el debate sobre la Segunda Enmienda.
La máxima instancia judicial del país, después de considerar los casos en 15 conferencias consecutivas, optó por no abordar los desafíos a las leyes de Maryland, que prohíben rifles semiautomáticos como el AR-15 y AK-47, y de Rhode Island, que restringe los cargadores de alta capacidad (más de 10 rondas). Esta inacción judicial significa que las decisiones de tribunales inferiores que validaron estas prohibiciones se mantienen firmes, preservando el status legal en estas jurisdicciones.
Argumentos en Conflicto
Los demandantes en estos casos argumentaron que los rifles de asalto, específicamente el AR-15, son «los rifles más vendidos en el país» y se encuentran en «uso común» por parte de ciudadanos respetuosos de la ley, lo que, según su interpretación, debería garantizar su protección bajo la Segunda Enmienda. Además, cuestionaron la metodología utilizada por los tribunales de apelación, los cuales se enfocaron en la magnitud de la carga que impone la ley, en lugar de evaluar su consistencia con la tradición histórica de regulación de armas en el país.
En contraparte, el Cuarto Circuito, al analizar el caso de Maryland, concluyó que las armas de asalto no están protegidas por la Segunda Enmienda. Su argumento central es que estas son «armas de estilo militar diseñadas para operaciones de combate sostenidas que son inadecuadas y desproporcionadas para la necesidad de autodefensa». Por su parte, Rhode Island sostuvo que los cargadores son meros accesorios, no «armas» en sí mismas, y que su ley es compatible con una «tradición histórica de regulaciones que promueven la seguridad».
División en la Corte
La decisión de no revisar estos casos no fue unánime. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch indicaron que habrían concedido la petición de revisión, lo que revela una división interna en la Corte sobre el alcance y la interpretación de la Segunda Enmienda. La postura del juez Thomas, por ejemplo, es que si los AR-15 son «armas», la prohibición de Maryland solo podría justificarse si se alinea con la tradición histórica de regulación de armas de la nación.
«Porque los AR-15 son ‘armas’, la ley de Maryland solo puede ser sostenida si el estado puede demostrar que su prohibición es consistente con la tradición histórica de regulación de armas del país.» — Juez Clarence Thomas, en su disidencia.
Implicaciones Judiciales y Políticas
La elección de la Corte Suprema de no intervenir en estos casos, a pesar de su actual composición conservadora, sugiere una estrategia de cautela o una ausencia de consenso para expandir aún más los derechos de armas más allá de los precedentes existentes. Esta inacción puede interpretarse como un reconocimiento de la complejidad inherente al tema y la necesidad de evitar una confrontación directa que pudiera generar inestabilidad legal o social. Al no pronunciarse, la Corte permite que las leyes estatales de control de armas permanezcan en vigor, lo que traslada la batalla legal y legislativa a los tribunales inferiores y a las legislaturas estatales, en lugar de ser resuelta por una decisión federal de amplio alcance.
Esta postura, sumada al reciente rechazo de la demanda de México contra fabricantes de armas , evidencia una tendencia de la judicatura estadounidense a salvaguardar las industrias y las leyes internas de EE. UU. de desafíos externos o de interpretaciones expansivas de derechos que podrían acarrear consecuencias económicas o de soberanía significativas. El sistema judicial parece reacio a abrir nuevas vías legales que puedan tener amplias repercusiones económicas o diplomáticas, especialmente en un sector tan sensible como el armamentístico, reafirmando así la soberanía judicial del país.
