Redacción Macronews.- La Administración para el Control de Drogas designó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para personas consideradas con alto impacto en el tráfico de drogas, en medio de una investigación en curso por parte de fiscales federales en Nueva York.
De acuerdo con información difundida por The Associated Press, los registros de la DEA señalan que Petro ha sido mencionado en diversas indagatorias desde 2022, muchas basadas en testimonios de informantes confidenciales. Entre los señalamientos se incluyen presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y supuestos beneficios a narcotraficantes a través de su política de “paz total”.
Asimismo, los documentos sugieren posibles esquemas relacionados con el uso de estructuras de seguridad para el tráfico de cocaína y fentanilo a través de puertos en Colombia, aunque las investigaciones se encuentran en una etapa preliminar y no se han presentado cargos formales.
El mandatario colombiano ha rechazado de manera categórica todas las acusaciones, asegurando que nunca recibió recursos ilícitos durante su campaña. Además, sostuvo que los procesos legales en Estados Unidos demostrarán la falta de sustento de los señalamientos, los cuales atribuyó a sectores políticos opositores.
Por su parte, la Embajada de Colombia en Washington calificó los reportes como “no verificados” y aseguró que las insinuaciones carecen de fundamento legal o fáctico.
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Las indagatorias también involucran a fiscales federales en Brooklyn y Manhattan, quienes han interrogado a narcotraficantes sobre posibles vínculos con el entorno de Petro, incluyendo supuestos sobornos para evitar extradiciones desde Colombia. No obstante, hasta el momento no está claro si existe evidencia directa que implique al presidente en algún delito.
Según fuentes cercanas al caso, la investigación sigue en fase inicial y no se ha determinado si derivará en cargos formales. Además, se ha señalado que la Casa Blanca no tendría participación en estas indagatorias.
El caso ha generado tensión política y mediática, al involucrar a un jefe de Estado en funciones y a organismos clave de seguridad de Estados Unidos, en un contexto marcado por la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico.
