El 12 de noviembre de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a Bruna Caroline Ferreira, identificada como familiar de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Según el reporte oficial, la mujer habría ingresado a Estados Unidos en 1998 con una visa de turista que expiró al año siguiente, manteniéndose en situación migratoria irregular desde entonces.
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La detención ocurrió cuando Ferreira se dirigía a recoger a su hijo, lo que provocó críticas por el operativo realizado frente a un menor.
Acusaciones y defensa legal
Las autoridades migratorias la clasificaron como “extranjera ilegal con antecedentes criminales”, señalando una orden pendiente por un presunto caso de agresión.
Su abogado negó la acusación y afirmó que Ferreira había solicitado protección bajo DACA, argumentando que llegó al país siendo menor de edad.
También señaló que la joven tenía procesos abiertos para obtener residencia permanente.
Traslado y reacciones públicas
Tras su arresto, Ferreira fue trasladada a un centro de detención en Luisiana, a más de dos mil kilómetros de su residencia en Massachusetts.
Familiares iniciaron una campaña para recaudar fondos legales, destacando que ella había vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos.
La controversia aumentó debido a que la pariente de una funcionaria federal quedó detenida bajo las mismas políticas migratorias que la Casa Blanca ha defendido públicamente.
Contexto político y migratorio
Organizaciones civiles denunciaron que el caso refleja la aplicación estricta de las redadas migratorias de 2025, señalando un aumento de detenciones de personas sin historial delictivo grave.
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El incidente también abrió debate sobre la fragilidad del programa DACA y los criterios usados por ICE para justificar detenciones.
Reacciones mediáticas
El caso se volvió uno de los más comentados en medios estadounidenses porque exhibe la tensión entre las políticas migratorias vigentes y las historias personales de quienes buscan regularizar su situación.
Algunos analistas consideran que este episodio podría influir en futuras discusiones sobre deportaciones y programas de protección.
