Tras una petición pública para que se le concediera un permiso contra la deportación, una niña con una enfermedad que pone en peligro su vida y su madre podrán permanecer en Estados Unidos.
Deysi Vargas, madre de la niña de 4 años, recibió este martes por la mañana una notificación en la que se le comunicaba que se había aprobado el permiso humanitario para ella y su hija por un año, informaron los abogados de la familia.

En abril, la familia recibió inesperadamente una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) en la que se les informaba que se les había revocado la libertad condicional y el permiso de trabajo.
“Si no abandona los Estados Unidos inmediatamente, estará sujeta a posibles medidas policiales que darán lugar a su expulsión del país, a menos que haya obtenido una base legal para permanecer aquí”, indicó el aviso, al que tuvo acceso NBC News.
La familia y sus abogados de Public Counsel, el bufete que los representa, hablaron en una rueda de prensa la semana pasada sobre lo que la revocación podría significar para la salud de la niña de 4 años.

“Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su atención médica especializada, morirá”, dijo Vargas.
La hija de Deysi, identificada únicamente por las iniciales S.G.V., padece síndrome de intestino corto, una enfermedad que afecta al intestino delgado y provoca problemas para absorber los nutrientes de los alimentos. Como consecuencia, necesita tratamiento diario para obtener una nutrición adecuada y, cuando no está en casa, utiliza una mochila portátil, según informan su familia y sus abogados.
Los abogados de la familia afirmaron que el equipo que usa S.G.V. no puede salir de Estados Unidos, ya que hay muy pocos lugares fuera del país donde se pueda administrar el tratamiento.

Tanto S.G.V. como su madre nacieron en México y entraron al país con el padre de la niña en julio de 2023 a través de la aplicación CBP One, tras lo cual se le concedió a la familia un permiso humanitario.
La libertad condicional humanitaria de la familia (parole) estaba prevista que expirara a finales de julio, pero Vargas estaba tratando de que fuera prorrogada.
Tras la rueda de prensa de la semana pasada, un alto funcionario del DHS declaró a NBC News que la familia no estaba “en proceso de deportación” y que la solicitud presentada el 14 de mayo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos “seguía siendo tramitada”.