El presidente Yoon Suk Yeol no puede salir del país mientras el Ministerio de Justicia investiga si imponer brevemente la ley marcial la semana pasada equivalió a liderar una insurrección.
La disfunción política de Corea del Sur se agravó el lunes, cuando el Ministerio de Justicia prohibió al presidente Yoon Suk Yeol salir del país mientras los funcionarios investigan si su breve declaración de la ley marcial la semana pasada equivalió a liderar una insurrección.
Oh Dong-woon, el fiscal jefe que dirige la oficina de investigación de funcionarios de alto nivel, dijo a los legisladores que había solicitado la prohibición de viajar mientras la oficina lleva a cabo operaciones de búsqueda y captura de funcionarios que estuvieron implicados en la orden de ley marcial.
Ningún presidente en ejercicio ha sido detenido nunca en Corea del Sur, y la orden se suma a la espiral de consecuencias de la extraordinaria medida adoptada por Yoon el pasado martes. Desde su breve declaración de la ley marcial, el país se ha sumido en un vacío de liderazgo, y las protestas generalizadas han pedido su destitución.
La rápida aceptación de la petición de Oh por parte del Ministerio de Justicia demuestra que Yoon está perdiendo el control de su propio gobierno. Yoon, exfiscal, ha hecho todo lo posible para mantener a los fiscales y al Ministerio de Justicia de su lado como herramienta clave de gobierno, nombrando a leales en puestos clave. El ministro del Interior, Lee Sang-min, otro aliado incondicional de Yoon que controlaba la policía, dimitió el domingo.
Pero la prohibición también sugería que los investigadores consideraban las acusaciones de insurrección contra Yoon lo suficientemente graves como para prohibir al jefe de Estado salir del país. Yoon no notificó inmediatamente a la Asamblea Nacional su declaración de ley marcial, como exige la ley. Incluso durante la ley marcial, el presidente no tiene derecho a detener a los legisladores a menos que sean sorprendidos en flagrante delito, una disposición legal que, según los juristas, Yoon violó cuando envió soldados a la Asamblea para desalojar físicamente a los legisladores.
El presidente puede ser detenido o imputado mientras ocupa el cargo si comete insurrección o traición. Los juristas están divididos sobre si Yoon podría seguir dirigiendo el gobierno como presidente en caso de ser detenido. Algunos afirman que su detención significaría que no puede desempeñar sus funciones y que el primer ministro asumiría la presidencia interina hasta que se decida la suerte de Yoon mediante juicio o destitución. Pero otros afirman que, a menos que sea condenado y destituido mediante juicio político o dimisión, sigue siendo el presidente y podría intentar actuar como tal, incluso desde prisión.
Los legisladores de la oposición han acusado a Yoon y a otros funcionarios, entre ellos su exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, de organizar una insurrección cuando enviaron soldados armados a la Asamblea Nacional para tomar el poder legislativo tras la declaración de la ley marcial. De ser declarado culpable, el líder de una insurrección se enfrentaría a la pena de muerte o a cadena perpetua.
El sábado fracasó un intento de los legisladores de la oposición de destituir a Yoon después de que el partido del presidente boicoteara la votación, lo que prolongó la incertidumbre sobre quién estaba al mando de la nación. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur dijo el lunes en una sesión informativa programada regularmente que el mando sobre las fuerzas armadas del país seguía en manos del presidente.
Los surcoreanos no están seguros de quién gobierna el país ante la ausencia de Yoon. Han Dong-hoon, presidente del gobernante Partido del Poder Popular de Yoon, dijo durante el fin de semana que el presidente había sido excluido del desempeño de sus funciones. Han Duck-soo, el primer ministro, dijo que el gabinete, en consulta con el partido gobernante, mantendría el país en funcionamiento.
Los grupos de la oposición han dicho que el presidente del partido carecía de base legal para excluir a Yoon y le han acusado de hacer su propio asalto al poder.
La crisis constitucional se desarrolla en un momento en que Corea del Sur se enfrenta a una serie de retos políticos en el exterior y en el interior, y ha suscitado dudas sobre la salud de la democracia del país. Las repercusiones se extendieron el lunes a los mercados financieros. La moneda surcoreana perdió valor y el índice bursátil de referencia del país se desplomó un 2,8 por ciento, una fuerte caída que se sumó a la profunda preocupación por la economía del país.
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La orden de prohibición de viajar del Ministerio de Justicia se produjo al tiempo que han surgido disensiones en las filas de los militares que irrumpieron en el poder legislativo durante las pocas horas de vigencia de la ley marcial.
El coronel Kim Hyun-tae, quien dirigió una unidad de fuerzas especiales que fue enviada a la Asamblea Nacional, dio una rueda de prensa el lunes y dijo a los periodistas que sus soldados eran víctimas explotadas por el ministro de Defensa.
El coronel Kim dijo que recibió órdenes de sacar por la fuerza a los legisladores de la cámara de la Asamblea. Sus comandantes parecían estar transmitiendo órdenes del ministro de Defensa, quien dijo que los soldados tenían que impedir que 150 legisladores —el umbral necesario para derogar la ley marcial— se reunieran en la Asamblea, dijo.
Kim, exministro de Defensa, fue detenido el domingo para ser interrogado por la fiscalía. También tiene prohibido salir del país.
Tras la declaración de la ley marcial, el índice de aprobación de Yoon cayó casi ocho puntos, hasta el 17 por ciento, su nivel más bajo durante su mandato, según una encuesta publicada el lunes por Realmeter, una empresa de sondeos surcoreana. Su partido, que boicoteó la votación de destitución, también se vio afectado y su índice de aprobación cayó seis puntos, hasta el 26,2 por ciento.
FUENTE: THE NEY YORK TIMES
