El gobierno atribuye la considerable reducción de muertes a una nueva cruzada contra las pandillas, mismas que contradicen la versión oficial.
Tras convertirse en 2015 en la capital mundial de los homicidios y empezar 2016 con una espiral sangrienta, El Salvador ha tenido un respiro con una baja de los asesinatos a casi la mitad.
¿De quién es el crédito por esa baja? Depende de a quién se le pregunte.
El gobierno atribuye la reducción a una nueva cruzada contra las pandillas que lanzó en marzo con una fuerza de seguridad y aislando a los jefes en una cárcel de máxima seguridad, informa AP.
Pero para las pandillas, la baja se debe a una orden que dieron a sus estructuras para cesar los homicidios, en lo que consideran una muestra del control que mantienen sobre sus miembros.
Los cierto es que mayo se registraron 351 asesinatos, comparado con 353 en abril y 611 en marzo.
En junio, se registraron 331 asesinatos, comparado con los 677 del mismo mes de 2015, un año cuando El Salvador registró poco más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes, una cifra extremadamente alta para un país «en paz», aunque aún una fracción de las muertes vistas en zonas de guerra como Siria, donde las víctimas se estiman en cientos de miles desde 2011.
Los números entre abril y junio no se veían desde hace más de un año: en casi todo 2015 los asesinatos siempre estuvieron en más de 400 mensuales e incluso llegaron en un solo mes, agosto, a más de 900. Las autoridades dicen que las víctimas actuales son sobre todo de pandilleros que han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, además de luchas entre grupos rivales, dentro y fuera de prisión.
La cifra actual, sin embargo, es aún alta: la tasa de homicidios fue tan elevada el año pasado, que aunque se haya reducido actualmente a la mitad aún pondría a El Salvador entre los primeros 10 lugares de los países que tienen el mayor número de asesinatos sin estar en guerra.
Conscientes de que las cosas empeorarían para sus miembros, las tres pandillas más importantes de El Salvador hicieron a un lado sus diferencias y juntos enviaron un mensaje al gobierno: acordaban cesar los homicidios para mostrar que no era necesario que lanzara nuevas medidas para perseguirlas.
Cabecillas, aislados
Tras un mensaje videograbado de marzo en el que se ven a supuestos representantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, el gobierno les respondió que no habría descanso y, por el contrario, desplegó una fuerza especial de seguridad para ir contra ellos y transfirió nuevamente a sus cabecillas a un penal de máxima seguridad donde los mantiene aislados de las estructuras.
‘La reducción de homicidios obedece a la efectividad de los planes de la policía y a las medidas extraordinarias por el gobierno, especialmente en penales’, dijo la semana pasada el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto.
El gobierno considera clave el aislamiento de los líderes de las pandillas en el penal de máxima seguridad que tiene El Salvador, porque así no pueden enviar órdenes a sus miembros en las calles.
‘Hemos ido controlando gradualmente el sistema penitenciario y vamos a terminar de controlarlo’, aseguró el fin de semana el vicepresidente Oscar Ortiz.
Fue una orden
Las pandillas, sin embargo, tienen una explicación distinta.
Un miembro del Barrio 18 Sureños dijo a The Associated Press que la reducción se debe a una orden que se les dio a los integrantes de las pandillas.
‘Cuando guerra hemos querido, les hemos hecho guerra y ahorita no estamos en esa lógica; no queremos guerra, queremos que las cosas se solucionen de una manera diferente’, dijo el hombre que aceptó hablar con la AP bajo condición de no identificarlo para evitar ser ubicado por las autoridades.
Dijo que es parte de un equipo de coordinación entre las tres pandillas dominantes de El Salvador y que están abiertos a un diálogo para reducir la violencia.
Aseguró que las tres pandillas han decidido mantener lo que llama un ‘cese de hostilidades entre las estructuras pandilleriles’.
Según varios expertos, la reducción de los homicidios reflejada en las estadísticas es una combinación tanto de la ofensiva gubernamental como del aparente repliegue de las pandillas que ha puesto a El Salvador en una situación no vista desde hace meses, pero temen que sea un fenómeno pasajero.
‘Me temo que esto es temporal, que esto va a durar en la medida que le tome a las pandillas vislumbrar una nueva manera de enfrentar al gobierno’, dijo a la AP José Miguel Cruz, director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Internacional de la Florida.
Apenas llegó al poder en 2014, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, un ex guerrillero, estableció una política de fuerza contra las pandillas, la cual reforzó en marzo cuando la violencia alcanzó un nivel inusitado. En San Juan Opico, en las afueras de la capital, presuntos pandilleros asesinaron con una saña pocas veces vista a 11 hombres, algunos de ellos rematados a machetazos.
La masacre de Opico marcó un punto de inflexión en el país centroamericano y en cuestión de semanas la Asamblea (parlamento) aprobó un paquete de medidas que incluye someter a aislamientos severos a los pandilleros, a la par que el gobierno desplegó a 1.000 soldados y policías para buscar y desmantelar a las pandillas.
Para Sánchez Cerén, lo que ha hecho su gobierno es ‘una recuperación de la esperanza de que este país ahora va por el camino de derrotar al crimen’.
Santiago, el vocero del Barrio 18 Sureños, asegura que están decididos a ‘demostrar que somos capaces de abandonar la violencia’, aunque también cuenta que sólo cuando el gobierno anticipó que presentaría ‘medidas extraordinarias’ contra ellos es que las tres pandillas acordaron sentarse en la misma mesa y dialogar, algo que ya habían logrado hacer.
En 2012 las pandillas acordaron una tregua, facilitada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Funes.
Públicamente, la anterior administración ha negado cualquier participación en directa en la planeación de la tregua. Sin embargo, un funcionario del gobierno de Funes dijo a la AP que ese pacto sí fue impulsado desde el gobierno como parte de una estrategia gubernamental de pacificación social.
El hombre, que pidió no ser identificado como condición para hablar del caso, dijo que para evitar que funcionarios se sentaran directamente con ellos, el gobierno anterior permitió que un grupo de mediadores se encontraran con pandilleros dentro y fuera de las prisiones. La estrategia, añadió, fue avalada por el gabinete de seguridad y el mismo presidente.
El ex presidente Funes no respondió a un correo electrónico de la AP para conocer su opinión. Sin embargo, en uno de sus programas radiales semanales de junio, dijo que su gobierno no ideó la tregua y que sólo ‘facilitó el pacto’ que ya las propias pandillas habían establecido.
El caso de la tregua es ahora un tema con un amplio rechazo popular y gubernamental. De hecho, la Fiscalía salvadoreña ordenó el 3 de mayo el arresto de 21 personas, incluidos quien fuera el director de Centros Penales y tres oficiales de la policía, acusados de delitos como introducción ilegal de objetivos y asociación ilícita durante su contacto con las pandillas.
Las autoridades detuvieron en días a 18 de los 21, incluido al mediador Raúl Mijango, un ex guerrillero. Hace unas semanas, sin embargo, un tribunal ordenó que el hombre y los policías enfrenten en libertad su proceso.
En una encuesta reciente del Diario de Hoy, un 78% se manifestó en contra de la tregua, con apenas un 10% a favor. El estudio se realizó del 20 al 24 de mayo a partir de 2.174 encuestas a mayores de 18 años, y tiene un margen de error de 1,51 puntos porcentuales.
‘Yo no creo en la tregua’, dijo María Teresa Perdomo, una empleada salvadoreña, quien calificó el pacto del 2012 como ‘una farsa’, porque las pandillas ‘siguieron matando y cobrando renta’.
Para José Melgar, un vendedor ambulante, su país no necesita treguas, sino combates directos a las pandillas.
‘A esos hay que darles duro’, comentó. ‘Son malos, nacieron malos, no perdonan a nadie’.
