La prostitución y la transexualidad divide al feminismo en España por cuarta vez en el 8M
Además de la prostitución, la inclusión de las personas transexuales en el colectivo de mujeres ha contribuido al cisma del feminismo en España.
Para el Movimiento Feminista de Madrid (MFM) la abolición de la prostitución no es un tema negociable. Como prueba de ello, Carmen Flores, portavoz del movimiento, sintetiza que “ser feminista y regulacionista no es algo compatible”.
El colectivo define el ‘status quo’ como un “sistema prostitucional” y un “Estado proxeneta”. Sus portavoces llaman “puteros” a quienes pagan por sexo y prefieren hablar de “supervivientes de la prostitución” antes que de “trabajadoras sexuales” —que en España son más de 114.000, según el Ministerio de Igualdad.
La estatal Comisión 8M no tiene una opinión conjunta sobre la prostitución; o mejor, ha decidido no tenerla.
“Existen muchas posturas diferentes dentro del colectivo. Aquí prostitutas y abolicionistas se sientan a hablar y se entienden”, explica por teléfono Carmen Doménech, vocera de la comisión, antes de remarcar que lo que diferencia a su grupo del MFM es la aceptación de “diferentes voces”.
Doménech se ampara en esa pluralidad para evitar posicionarse sobre proxenetismo y “clientes”, dos temas que el MFM condena sin paliativos.
Eso sí, la Comisión 8M rechaza sancionar a quienes faciliten inmuebles para ejercer la prostitución —bien sea una vivienda o un bar— como propone el MFM. Doménech considera que esta medida podría repercutir en una “criminalización aún mayor” de las prostitutas y “aumentar su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen”.
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Las bases del movimiento contra la prostitución han quedado plasmadas en la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) que el MFM quiere llevar al Congreso de los Diputados. “Seguimos esperando que haya una apuesta por parte del Gobierno”, lamenta Flores.
Charo Luque Gálvez participó en la redacción del texto que, ha explicado, tiene tres ejes fundamentales: la restitución de derechos para las “supervivientes de la prostitución”, sanciones administrativas y penales para “la industria de la explotación sexual” y criminalización de los hombres que recurren a esta práctica.
Las abolicionistas toman como referencia el modelo de Suecia, el primer país de Europa en adoptar una legislación contra la prostitución, en 1999. El país nórdico no prohíbe el acto de vender sexo, ni contempla sanciones para las prostitutas, pero sanciona a los clientes y a los terceros que se lucran de la prostitución, como los proxenetas o quienes faciliten un inmueble. Este modelo pretende erradicar el trabajo sexual, acabando con la demanda.
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En España la prostitución se encuentra en una situación alegal, dado que en el código penal no hay ningún artículo que se refiera a ella directamente. Sí están castigados el proxenetismo, con penas de prisión de dos a cinco años, y la explotación sexual de menores con penas de uno a cuatro años, o hasta seis si se trata de una menor de 16 años.
Si las abolicionistas miran como referencia a los países nórdicos, quienes defienden la prostitución se inspiran en el esquema neozelandés, que ya ha adoptado Bélgica. Nueva Zelanda aprobó en 2003 una reforma a la ley de prostitución para descriminalizar el trabajo sexual y otorgar a las prostitutas los derechos laborales a cualquier trabajador. Bajo este modelo no se castiga a quien contrata servicios sexuales, ni a ningún tercero que destine un inmueble para esta práctica.
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“El modelo neozelandés aumenta calidad de vida, disminuye la violencia y otorga derechos laborales”, sintetiza Miquel Bibiloni, secretario de Relaciones Internacionales del Sindicato OTRAS, la organización de trabajadoras sexuales más grande de España.
El sindicato ha redactado su propia ley para la despenalización del trabajo sexual. “Estamos en proceso de compartirla con distintos grupos políticos de diferentes signos”, resalta Bibiloni, antes de aclarar que el objetivo de esta normativa no es un marco regulatorio especial para el trabajo sexual, sino el reconocimiento de esta actividad “como cualquier otro trabajo”.
En este sentido, la propuesta de OTRAS pretende que las trabajadoras sexuales puedan estar vinculadas al régimen de la seguridad social, cotizar en el sistema de pensiones, tributar por sus ingresos o que “quienes quieran dejar este trabajo puedan acceder al paro —una ayuda económica que ofrece el Estado a las personas desempleadas—”.
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Bibiloni resalta que la alegalidad de la prostitución en España resta derechos a las trabajadoras sexuales. “Si no tienes reconocimiento de trabajo, no tienes nómina y eso dificulta, por ejemplo, el acceso a la vivienda, lo que ha hecho que en la actualidad proliferen pisos clandestinos con muchas trabajadoras sexuales hacinadas”.
El debate ha permeado la política institucional. El Partido Socialista (PSOE) —que hoy gobierna el país, pero sin una mayoría parlamentaria clara—, ha hecho de la abolición una campaña de Gobierno.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, comentó en una entrevista reciente en el diario ‘El País’ que le “gustaría terminar esta legislatura con una ley abolicionista de la prostitución”.
De hecho, una primera propuesta fue llevada al Congreso de los Diputados en 2022 y superó la primera votación, pero el adelanto electoral un año más tarde cortó de cuajo todas las iniciativas parlamentarias.
El PSOE lo intentó de nuevo en 2024, pero la negativa de sus socios de Gobierno y del opositor Partido Popular (PP, derecha) —que en 2022 había votado a favor— frustraron la propuesta con 184 votos en contra y 122 favorables.
La propuesta legislativa de los socialistas contemplaba un endurecimiento de penas para los proxenetas, además de multas para quienes contraten servicios sexuales y para quienes faciliten una propiedad para el ejercicio de la prostitución —recogido en el argot jurídico como tercería locativa—.
Sin embargo, el movimiento contra la prostitución rechaza esta propuesta al considerarla insuficiente. “No es una ley abolicionista, solo son tres artículos modificando el Código Penal.
Una ley requiere reconocer derechos a mujeres y políticas públicas para penalizar”, señala Luque.
Pero entre tanta diferencia, se pueden ver semejanzas: ambos colectivos velan por más derechos para las prostitutas, jamás criminalizarlas, y ponen el foco en la modificación de la llamada “ley mordaza”, bajo la cual se multa frecuentemente a las trabajadoras sexuales, bien sea por exhibicionismo o por usar el espacio público para pactar servicios sexuales.
La ‘ley trans’ ahonda la grieta
El cisma del colectivo feminista en Madrid se materializó en 2022. A la brecha abierta por el tema de la prostitución se sumó otro factor: la aprobación de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, más conocida como la ‘ley trans’.
La normativa impulsada por el PSOE permitía, entre otras cosas, la autodeterminación de género, mediante la cual una persona podría cambiarse el sexo en los registros públicos sin necesidad de un informe psicológico, un proceso quirúrgico ni un proceso de hormonación de al menos dos años, como contemplaba la ley vigente hasta entonces.
El Movimiento Feminista de Madrid ha definido la norma como “una barbaridad legislativa, que impugna todos los derechos de las mujeres”, en palabras de Jana Bravo. “Somos abolicionistas del género. Estamos en contra de la idea reaccionaria del cuerpo equivocado”, ha afirmado portavoz del MFM.
Esta postura ha censurado de facto la participación de personas trans y no binarias en la marcha del 8M del MFM. “En el movimiento feminista la lucha es de las mujeres. No somos el colectivo trans”, concluye Bravo, antes de lamentar que el tema de la transexualidad se haya posicionado como uno de los más comentados: “Frivoliza la agenda feminista, ya no es el día de la mujer, sino de hablar de otros colectivos”.
Los gremios de prostitutas, trans y personas no binarias marcharán una vez más con la Comisión 8M, un colectivo que no concibe “un feminismo sin las compañeras trans”, en palabras de Doménech.
Este 8M volverá a ser noticia esa multitud diversa y cosmopolita que ha hecho de Madrid un bastión de la resistencia por la igualdad de género desde aquella primera manifestación en1978 —tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco—, disuelta por la Policía con botes de humo y balas de goma. Ahí van, decenas de miles, con bombos y pancartas a inundar las calles de morado, aunque este año, una vez más, por dos afluentes distintos.
FUENTE: FRANCE 24
