Redacción MacroNews.- Las acciones militares de Estados Unidos contra presuntas lanchas de organizaciones «narcoterroristas» han alcanzado un punto crítico. Desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, la ofensiva ha dejado un saldo de 95 personas fallecidas y la destrucción de 25 embarcaciones. Este recrudecimiento coincide con la reciente proclamación del presidente Donald Trump, quien clasificó al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, otorgando facultades extraordinarias al Pentágono para eliminar objetivos en aguas internacionales.

El incidente más reciente ocurrió el pasado 15 de diciembre. Bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Conjunta de Tarea «Lanza del Sur» llevó a cabo ataques letales contra tres lanchas en aguas del Pacífico. Según informó el Comando Sur a través de la plataforma X, la operación resultó en la ejecución de ocho personas, calificadas oficialmente como “narcoterroristas”. Los informes detallan que tres hombres murieron en la primera embarcación, dos en la segunda y tres más en la tercera.
La precisión de estos ataques en el Este del Pacífico sugiere una política de «matar y rematar». Bajo la nueva designación del fentanilo, el gobierno de Trump clasifica técnicamente como «enemigos combatientes» a quienes trasiegan narcóticos, permitiendo que el Departamento de Guerra utilice toda la fuerza necesaria para su eliminación. Sin embargo, diversas organizaciones han señalado que estas acciones representan una violación flagrante del debido proceso y de las leyes internacionales, ya que hasta ahora Washington no ha presentado pruebas de que las naves destruidas transportaran cargamentos de droga.
Expertos señalan una inconsistencia en la justificación de estos operativos: mientras que la administración Trump enfoca su discurso en los opioides sintéticos, las rutas del Caribe y el Pacífico son utilizadas históricamente para el movimiento de cocaína y heroína, no necesariamente para fentanilo. Pese a los cuestionamientos sobre la legalidad de estas ejecuciones extrajudiciales, el gobierno estadounidense mantiene su postura firme, respaldada por las cifras del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que reporta un promedio de 300 muertes diarias en Estados Unidos debido a sobredosis de opioides.
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