Ciudad de México. La administración Trump ha transferido a cientos de inmigrantes a El Salvador a pesar de la orden de un juez federal que temporalmente prohibía las deportaciones bajo una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas, dijeron funcionarios el domingo. Los vuelos estaban en el aire en el momento de la decisión.
El juez federal de distrito James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche bloqueando las deportaciones, pero los abogados le informaron que ya había dos aviones con migrantes en el aire: uno con destino a El Salvador y el otro a Honduras. Boasberg ordenó verbalmente que los aviones regresaran, pero aparentemente no lo hicieron y no incluyó la directiva en su orden escrita.
“Oopsie… Too late”, (demasiado tarde), escribió en inglés el presidente salvadoreño Nayib Bukele, un aliado del presidente Donald Trump que acordó albergar a unos 300 migrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las prisiones de su país, en la red social X, sobre un artículo relacionado con la decisión de Boasberg. Esa publicación fue compartida nuevamente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.
El secretario estadunidense de Estado, Marco Rubio, quien negoció un acuerdo anterior con Bukele para albergar migrantes, publicó en la misma red: “Enviamos a más de 250 miembros del Tren de Aragua, que El Salvador ha acordado mantener en sus muy buenas cárceles a un precio justo que también ahorrará dinero a nuestros contribuyentes”.
Los migrantes fueron deportados tras la declaración de Trump sobre la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que solo se ha utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos.
La ley, invocada durante la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra de 1812, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, otorgándole poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protecciones bajo las leyes de inmigración o penales. Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles japoneses-estadunidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que presentó la demanda que llevó a la orden de restricción temporal de Boasberg sobre las deportaciones, indicó que estaba preguntando al gobierno si las expulsiones a El Salvador eran en desafío a la corte.
“Esta mañana, pedimos al gobierno que asegure a la Corte que su orden no fue violada y estamos esperando escuchar, además de intentar hacer nuestra propia investigación”, informó el domingo en un comunicado el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.
En un comunicado el domingo, el gobierno de Venezuela rechazó el uso de la declaración de Trump sobre la ley, destacando que esta “evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazis”.
El Tren de Aragua se originó en una prisión infame por anarquía en el estado central de Aragua y acompañó a un éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaba mejores condiciones de vida después de que la economía de su nación se desmoronó la década pasada. Trump aprovechó la situación de la pandilla durante su campaña para pintar imágenes engañosas de comunidades que él afirmaba estaban tomadas por lo que en realidad eran un puñado de infractores.
La administración Trump no ha revelado el nombre de los migrantes deportados, ni ha proporcionado evidencia de que, de hecho, sean miembros del Tren de Aragua o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos. También envió a dos cabecillas de la pandilla salvadoreña MS-13 a El Salvador, que fueron arrestados en Estados Unidos.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador el domingo mostró a hombres saliendo de aviones en una pista de aeropuerto rodeada de oficiales con equipo antimotines. Los hombres, con las manos y los tobillos encadenados, batallaban para caminar mientras los oficiales les empujaban la cabeza hacia abajo para que se doblaran hasta la cintura.
El video también mostró a los hombres siendo transportados a prisión en un gran convoy de autobuses custodiados por vehículos policiales y militares, y al menos un helicóptero. Se mostró a los hombres arrodillados en el suelo mientras les afeitaban la cabeza antes de ponerse el uniforme completamente blanco de la prisión: pantalones cortos hasta la rodilla, camiseta, calcetines y zuecos de goma, y luego fueron colocados en celdas.
Los migrantes fueron llevados a la notoria instalación CECOT, el centro de la iniciativa de Bukele para pacificar su país, que alguna vez estuvo plagado de violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.
En un comunicado el sábado ya tarde, la administración Trump informó que el presidente había firmado la noche del viernes la proclamación afirmando que el Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos. Los abogados de inmigración dijeron que, tarde el viernes, notaron que venezolanos que de otro modo no podrían ser deportados bajo la ley de inmigración estaban siendo trasladados a Texas para vuelos de deportación. Comenzaron a presentar demandas para detener las transferencias.
“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser removido bajo el pretexto de pertenecer a Tren de Aragua, sin posibilidad de defensa”, advirtió en la red social X Adam Isacson de la Oficina de Washington para América Latina, un grupo de derechos humanos.
La litigación que llevó a la suspensión de las deportaciones fue presentada en nombre de cinco venezolanos detenidos en Texas que, según los abogados, estaban preocupados por ser acusados falsamente de ser miembros de la pandilla. Una vez que se invoca la ley, advirtieron, Trump podría simplemente declarar a cualquiera como miembro del Tren de Aragua y expulsarlo del país.
Boasberg prohibió las deportaciones de esos venezolanos el sábado por la mañana cuando se presentó la demanda, pero amplió la prohibición a todas las personas bajo custodia federal que podrían ser objeto de la ley hasta su audiencia de la tarde. Señaló que la ley nunca se había utilizado antes fuera de una guerra declarada por el Congreso y que los demandantes podrían argumentar con éxito que Trump excedió su autoridad legal al invocarla.
La prohibición de deportaciones se mantiene por hasta 14 días y los migrantes permanecerán bajo custodia federal durante ese tiempo. Boasberg programó una audiencia para el viernes para escuchar argumentos adicionales en el caso.
Dijo que tuvo que actuar porque los migrantes cuyas deportaciones podrían violar realmente la Constitución merecían la oportunidad de que sus súplicas fueran escuchadas en la corte.
“Una vez que estén fuera del país”, comentó Boasberg, “hay poco que podría hacer”.
FUENTE: LA JORNADA
