Desde hace más de un mes, Alberto vive encerrado en el pequeño cuarto que alquila en Los Ángeles. Por miedo a encontrarse con los agentes de migración, ni siquiera ha salido a hacer las compras.
“Es terrible”, suspira este salvadoreño de 60 años, sin visa para permanecer en Estados Unidos. “Es un encierro que no se lo deseo a nadie”.
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Para sobrevivir, el hombre se apoya en una organización que le lleva alimentos dos veces por semana.
“Me ayuda muchísimo, porque si no tengo esto (…) ¿cómo voy a comer? No tengo trabajo”, dice Alberto, quien por temor se identifica con un seudónimo.
En la arremetida anti-inmigración de comienzos de junio en Los Ángeles cientos de personas, en su mayoría latinos, fueron detenidas en las calles, o en lugares de trabajo como autolavados, ferreterías y fincas agrícolas.
Videos en redes sociales mostraron a agentes enmascarados y armados ensañarse con los migrantes. La aparente brutalidad y arbitrariedad de las operaciones desató una ola de protestas en Los Angeles, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia y vandalismo.
Con el argumento de que la ciudad sucumbía al caos, el presidente Donald Trump envió a cientos de marines y efectivos de la Guardia Nacional, a pesar de que las autoridades regionales y locales afirmaban tener la situación bajo control.
Una redada en un autolavado, en la que que varios de sus amigos fueron arrestados y luego deportados, dejó a Alberto atrincherado en su habitación y ya no volvió al trabajo.
A pesar de ser prediabético, duda de ir a su próxima cita médica. Solo sale para estirar las piernas en el pasillo que lleva a su cuarto.
“Estoy muy estresado. Me duele la cabeza, el cuerpo”, se queja Alberto mientras lamenta no poder trabajar.
Hace quince años que está en Estados Unidos y piensa que este segundo mandato de Trump “es lo peor de todo”.
“Pueblo fantasma”
Trump regresó a la Casa Blanca gracias, en parte, a su discurso en contra de la inmigración. Pero su ofensiva en Los Angeles, donde hay cientos de miles de trabajadores indocumentados, sorprendió a la ciudad.
El miedo a las redadas en los lugares de trabajo o en las paradas de autobús se expandió.
En junio, el uso del sistema de transporte público cayó 13,5 por ciento en comparación con el mes previo.
“Cuando manejas en ciertos vecindarios, a veces parece como un pueblo fantasma”, describe Norma Fajardo, de CLEAN, una ONG que agrupa a trabajadores de autolavados.
El grupo, junto con otras organizaciones, ayuda con donaciones de comida a aquellos que se escondieron en sus casas.
“Esto es muy necesario”, refiere Fajardo, una estadunidense de 37 años que considera la situación como “muy triste e indignante”.
“La gente debería poder ir a su trabajo sin temor a ser secuestrada”, sostiene.
En junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a más de 2.200 personas en el área de Los Ángeles, de acuerdo con documentos analizados por AFP. Un 60% de ellos no tenía antecedentes penales.
“Nueva normalidad”
El Congreso acaba de aprobar enormes recursos financieros para el ICE, incluyendo 30 mil millones de dólares destinados a la contratación de 10 mil agentes adicionales para operativos de detención y deportación.
Por esto, Fajardo cree que la arremetida no va a parar.
“Parece la nueva normalidad”, dice. “La primera vez que supimos de una redada en un autolavado nos sentimos en una situación de emergencia. Recién ahora comenzamos a aceptar que tenemos que hacer planes a largo plazo”, explica.
Las donaciones de alimentos también se volvieron esenciales para Marisol, una hondureña que ha pasado semanas confinada en su apartamento con doce familiares.
“Le damos gracias a Dios constantemente (…) porque ha sido un gran alivio”, dice la mujer de 62 años que no ha ido a misa en este tiempo.
Ella también se identifica con un seudónimo y tapó sus ventanas con cortinas para bloquear la visibilidad desde afuera.
Le prohibió a sus nietos abrir la puerta y se preocupa mucho cuando sus hijas van a trabajar algunas horas para cubrir los gastos básicos.
“Siempre que ellas salen también pido a Dios que regresen, porque no se sabe, ¿verdad? Es aquella incertidumbre”, comenta.
Marisol huyó de Honduras hace 15 años con su familia por temor a que una pandilla reclutara a sus hijos.
Pero ahora se preguntan si vale la pena seguir en Estados Unidos.
“Mis hijos ya me han dicho: ‘Mami, a veces yo preferiría irme a Europa’”.
Fuente: La Jornada
