PAREJA EN FRANCIA DEFRAUDÓ AYUDAS SOCIALES MIENTRAS ACUMULABA 34 AUTOS DE LUJO Y RELOJES DE ALTA GAMA
DETECTARON IRREGULARIDADES EN PRESTACIONES ENTRE 2008 Y 2013; LA JUSTICIA ORDENÓ DEVOLUCIONES, MULTAS, PENAS DE PRISIÓN Y EL DECOMISO DE BIENES.
Gigean (Hérault), Francia. — Una investigación de la administración fiscal y de la Caja de Asignaciones Familiares (CAF) en la localidad de Gigean, en el departamento de Hérault, reveló que una pareja se benefició indebidamente de ayudas sociales —entre ellas el RSA, las APL y prestaciones familiares— mientras poseía un alto patrimonio material, incluido un parque automotor de 34 vehículos de alta gama y relojes de lujo.
Según la reconstrucción del caso, la maniobra se desarrolló entre 2008 y 2013. El esposo, identificado como trabajador techador, declaró ingresos modestos —unos 30.000 euros anuales según la información recabada—; la mujer, por su parte, figuraba como madre soltera sin ingresos para maximizar la percepción de prestaciones. No obstante, los investigadores detectaron una notable discrepancia entre las declaraciones fiscales y el patrimonio real del hogar.
El inventario incautado y las comprobaciones administrativas arrojaron un listado de automóviles de marcas como Ferrari, Porsche, Audi, BMW, Land Rover y Mini, además de relojes y otros objetos de valor. El patrimonio ligado a estos bienes fue estimado en torno a 270,000 euros, de acuerdo con fuentes judiciales y de la CAF.
La detección del fraude se produjo tras cruces de información entre los organismos encargados de las prestaciones y la administración tributaria. El caso fue llevado ante los tribunales, que concluyeron el proceso el 12 de octubre con una sentencia que calificó el esquema como “fraude planificado y sostenido en el tiempo”. La resolución judicial incluyó la obligación de restituir las prestaciones indebidamente percibidas, el pago de multas, penas de prisión graduadas según la responsabilidad de cada implicado y el decomiso de vehículos, joyas y otros bienes para su entrega al Estado.
Las autoridades implicadas señalaron que, además de sancionar a los responsables, el caso pone de manifiesto lagunas en los mecanismos de control y la necesidad de reforzar la coordinación entre entidades sociales y fiscales. Expertos consultados por medios locales señalaron la importancia de implementar auditorías patrimoniales más exhaustivas y sistemas de alerta temprana que permitan detectar irregularidades sin obstaculizar el acceso legítimo de las familias que dependen de estas ayudas.
El caso generó además un debate público en Francia sobre el impacto que fraudes de este tipo tienen en la percepción y la solidaridad ciudadana hacia los sistemas de protección social. En ese sentido, organismos europeos han advertido que la evasión y el fraude fiscales erosionan recursos esenciales para servicios públicos como salud y educación y dañan la confianza en las instituciones.
Con la sentencia ejecutada y los bienes incautados transferidos al fisco, las autoridades esperan que el caso sirva de ejemplo y empuje reformas para cerrar vacíos administrativos, al mismo tiempo que garantizan que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan.
