En un episodio extraordinario de conflicto entre las ramas Judicial y Ejecutiva, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó la sugerencia del mandatario Donald Trump de llevar a un proceso de destitución al juez federal que bloqueó las deportaciones de indocumentados bajo una oscura ley de tiempos de guerra.
«Por más de dos siglos se ha establecido que una destitución no es una respuesta apropiada a un desacuerdo con una decisión judicial», afirmó Roberts en un inusual comunicado. «Para ese propósito existe un proceso de revisión», agregó.
El comunicado del juez presidente del máximo tribunal se dio después de que Trump describió al juez de distrito James E. Boasberg como un «problemático y un agitador». Boasberg fue el juez que recientemente bloqueó los vuelos de deportación de indocumentados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que había invocado sigilosamente el presidente.
«¡NO GANÓ NADA! GANÉ YO POR MUCHAS RAZONES, CON UN MANDATO ABRUMADOR (…) LUCHAR CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL PUEDE QUE HAYA SIDO LA RAZÓN PRINCIPAL DE ESTA VICTORIA HISTÓRICA», escribió Trump en la plataforma Truth Social.
«¡¡¡Solo estoy haciendo lo que los VOTANTES quieren que haga. Este juez, como muchos otros jueces deshonestos ante los cuales estoy obligado a comparecer deben ser puestos en un proceso de DESTITUCIÓN!!!», agregó en una diatriba en la que repitió su narrativa de que obtuvo un mandato contundente. Trump ganó el voto popular, pero por un margen ajustado.
Las palabras del mandatario escalaron así un conflicto con un Poder Judicial que, hasta el momento, ha supuesto uno de los pocos límites que ha afrontado la agresiva agenda de este gobierno.
Trump ha criticado en varias ocasiones a jueces, especialmente a los que limitan sus esfuerzos para ampliar el poder presidencial e imponer sus planes en el gobierno federal. Pero este llamado a que jueces sean llevados a procesos que pueden derivar en su salida del cargo, una movida que se da únicamente en casos de conductas antiéticas o criminales graves, representa una intensificación del choque entre las ramas Judicial y Ejecutiva.
La ira de Trump por el bloqueo a la Ley de Enemigos Extranjeros
La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha sido utilizada solo en tres ocasiones en la historia de Estados Unidos, todas en tiempos de guerras. Trump la invocó usando como argumento una supuesta «invasión» de miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. Y, para sacar a esos supuestos miembros, la administración de Trump acordó pagar a El Salvador para que los encarcele en una sumamente cuestionada cárcel.
Se desconoce cuántos presuntos miembros del Tren de Aragua están en Estados Unidos. Univision Noticias ha compilado casos para explicar cómo el gobierno de Estados Unidos llega a conclusiones sobre la presunta filiación de ciudadanos venezolanos con la pandilla Tren de Aragua. Abogados de inmigración consultados siguen acumulando pruebas de que las acusaciones se hacen sin evidencia y sin que los señalados puedan defenderse del sello permanente con el que los está marcando la mayor potencia del mundo: ser miembros de una organización terrorista.
El juez Boasberg, designado por el presidente Barack Obama, celebró una audiencia este lunes para discutir un «posible desafío» a una orden suya que bloqueó las deportaciones bajo esa ley. Esto después de que dos vuelos siguieron su trayecto hacia El Salvador a pesar de que él pidió verbalmente que fuesen retornados a Estados Unidos.
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Los abogados del gobierno han defendido las acciones de la administración y dicho que la orden escrita del magistrado no fue explícita. Un abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU) consideró que el choque entre las dos ramas se está acercando a una crisis constitucional.
La Constitución da a la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una ajustada mayoría, el poder de poner en un proceso de impeachment a un juez con una votación de mayoría simple. Pero, como sucede en el caso de un impeachment presidencial, cualquier destitución final requiere que dos terceras partes del Senado le vote a favor.
«Una amenaza directa a la independencia judicial»
Esta reciente publicación del presidente en la plataforma social se asemeja a las demandas que ha hecho su aliado cercano, el megamillonario Elon Musk que aportó millones a su campaña electoral.
«Lo que estamos viendo es un intento de una rama del gobierno para intimidar a otra rama de que cumpla con su obligación constitucional. Es una amenaza directa a la independencia judicial», consideró Marin Levy, profesor de Derecho de Duke University, citado por la agencia AP.
Apenas hace un día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo: «No he escuchado al presidente hablar sobre la destitución de jueces».
Solo 15 jueces han encarado un proceso de destitución en la historia del país, de acuerdo con el organismo que vela por las cortes en Estados Unidos. De ellos, apenas ocho fueron removidos del cargo.
FUENTE: ABC