Los jueces del tribunal de Bucarest, en Rumania, concedieron una orden de aprehensión contra el empresario Florian Tudor, vinculado con la llamada mafia rumana o Banda de la Riviera Maya, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México.
En su país, Tudor está acusado de instigación para intento de asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo. Las dos primeras acusaciones son por hechos presuntamente ocurridos en México.
Luego de que el 26 de febrero la Dirección de Investigación contra Delincuencia Organizada y Terrorismo (DIICOT), de la fiscalía rumana, pidió el arresto de Tudor, el Tribunal de Bucarest revisó el caso y detectó un error de procedimiento en la audiencia celebrada el 9 de marzo, permitiendo que el imputado fuera citado en el domicilio donde reside, aunque sea en México, para conceder su derecho de audiencia ante un juez, lo cual aún no ha ocurrido.
De acuerdo con periodistas rumanos consultados por MILENIO, este martes 23 de marzo el tribunal concedió la orden de aprehensión solicitada por la fiscalía rumana.
De acuerdo con los fiscales, Tudor representa un peligro para el orden público y, como los hechos que se señalan son graves, consideran que su detención garantizaría que no huya de México.
Sin embargo, entre México y Rumania no existe un tratado de extradición, por lo que se deberán establecer condiciones de colaboración entre ambos países para lograr la detención y posible extradición a su país.
En México Tudor ya fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias, por presuntamente encabezar una red de clonación de tarjetas, lavado de dinero y trata de personas.
Tudor ha manifestado que hay una persecución en su contra y ha denunciado haber sido víctima de abusos de autoridad e intento de extorsión.
El 26 de febrero, Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuera recibido por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, quien lo atendió la primera semana de marzo y le proporcionó una cita para el 12 del mismo mes ante la UIF, a la cual no asistió perdiendo así su derecho de audiencia ante la autoridad hacendaria.
FUENTE: Milenio
