Redacción Macronews.- El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa firmar una orden ejecutiva que obligaría a los bancos del país a proporcionar más información a las autoridades federales, incluida la nacionalidad de sus clientes, como parte de una estrategia para reforzar la lucha contra la migración irregular, según revelaron medios estadounidenses este martes.
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De acuerdo con reportes publicados por The Washington Post y The Wall Street Journal, que citan fuentes cercanas al proceso, la medida podría aplicarse tanto a nuevos clientes como a usuarios antiguos de las instituciones financieras. En ese escenario, las entidades bancarias tendrían que solicitar el pasaporte a toda su clientela como requisito adicional de identificación.
Actualmente, las regulaciones federales en Estados Unidos solo obligan a los bancos a recopilar datos básicos como nombre, fecha de nacimiento y dirección, información que suele verificarse mediante licencias de conducir o tarjetas de identificación estatales. Sin embargo, la nueva disposición podría ampliar significativamente estos requerimientos.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es que apenas alrededor del 50% de los ciudadanos estadounidenses posee pasaporte vigente, lo que podría traducirse en nuevos obstáculos para el acceso a servicios financieros tanto para ciudadanos como para residentes extranjeros. Las fuentes citadas indicaron que aún no está claro si la eventual orden ejecutiva solo implicaría la recopilación adicional de datos o si contemplaría sanciones más severas, como el cierre de cuentas a quienes no presenten la documentación requerida.
La iniciativa se enmarca en la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El mandatario ha promovido una campaña enfocada en acelerar las deportaciones de migrantes en situación irregular, respaldada por un incremento presupuestario cercano a los 100 mil millones de dólares destinado a fortalecer a las agencias migratorias y ampliar la capacidad operativa del gobierno federal en materia de control fronterizo y expulsiones.
Analistas advierten que, de concretarse, la medida podría abrir un debate legal y político sobre privacidad financiera, derechos civiles y el alcance de las facultades del Ejecutivo en materia de supervisión bancaria.
