México ha suspendido desde este martes el acceso de las organizaciones defensoras de derechos humanos a los centros migratorios donde hay varados miles de migrantes desde hace meses. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración hace oficial lo que EL PAÍS adelantaba hace unos días, las restricciones al acceso de las ONG ya eran una realidad. El motivo, según la dependencia, es que debido a la oleada de migrantes reciente por la última caravana se han incrementado “considerablemente” las solicitudes de ingreso de estas asociaciones y se ha tomado esta decisión para no “obstaculizar la operatividad de las instalaciones”. Unas horas más tarde, la Secretaría de Gobernación ha desconocido el comunicado y alega que se trató de una medida no supervisada por autoridades superiores, aunque no han ofrecido más información al respecto. Las organizaciones afectadas, sin embargo, aseguran que el veto continúa.
La medida ha supuesto un golpe al hígado para uno de los pocos recursos de los que disponen los migrantes que han sido detenidos en su camino hacia Estados Unidos y que se encuentran hacinados en diferentes centros migratorios, especialmente en la frontera sur. Estos recintos, unos de los más opacos del país, acusados de violaciones a los derechos humanos y rebasados en número de internos desde hace más de un año —según declaraciones oficiales—, no tendrán a partir de este martes ningún supervisor independiente.
“Esto es algo insólito. Nos encontramos en un momento de mucha estupefacción, es de un cinismo tremendo oficializar algo que ya llevaban haciendo meses y además alegar motivos de tipo logístico para anular el monitoreo independiente de la sociedad civil”, cuenta desde el otro lado del teléfono Salvador Lacruz, coordinador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, con sede en Tapachula (Chiapas, frontera con Guatemala). “Lo más grave es que además de violar nuestro derecho a defender derechos, con esta medida se viola el derecho de los migrantes a tener algún contacto con el exterior y a recibir acompañamiento jurídico”, denuncia Lacruz.
La medida afecta a todas las organizaciones no gubernamentales que trabajen en todos los centros migratorios del país y están preparando desde este martes medidas legales para recurrir la decisión gubernamental. Otros, como Voces Mesoamericanas, esperan a que se den a conocer las fechas prometidas por Migración para devolver los permisos de ingreso, pero como todas las ONG involucradas rechazan firmemente esta medida y planean una acción conjunta para denunciar la acción del Gobierno.
La Ley de Migración establece en su artículo 226 que todo migrante que se encuentre en una estación o estancia provisional tiene derecho a ser visitado por familiares o “representantes de organismos no gubernamentales”. Estas organizaciones hasta ahora tenían permisos permanentes de acceso y un calendario de visitas acordado con la institución. En muchos casos, como es la estación migratoria Siglo XXI (en Tapachula, la más grande del Estado sureño de Chiapas) no podían acceder a las instalaciones libremente, consideradas por muchos activistas como verdaderas cárceles, pero sí tenían acceso a los migrantes. Para ellos suponían la única asesoría legal o migratoria que recibían en todo su camino, además del único altavoz para denunciar abusos dentro de los muros.
“Accedíamos a las instalaciones dos veces por semana, unas pocas horas, de 10 de la mañana a dos de la tarde. Y además se hacía todo en áreas restringidas, como un despacho. Ahí nos traían a la gente. Aún así esta labor es muy valiosa para conocer lo que pasa ahí dentro y también para un trabajo preventivo de posibles violaciones a los derechos humanos”, explica Lacruz.
Este último año ha sido especialmente duro para las estaciones migratorias. Según las organizaciones que trabajan en el terreno, 2019 ha incrementado el trabajo de muchos. En el caso del centro Fray Matías, en Tapachula, han pasado de atender 500 personas en 2018 a más de 1.100 en 2019, todas internas en el centro migratorio Siglo XXI que tiene una capacidad para casi 900, según declaró en junio pasado en una entrevista a este diario el entonces jefe de Migración, Tonatiuh Guillén.
La medida del Gobierno se produce casi dos semanas después de la llegada a la frontera sur de México de la última caravana de migrantes centroamericanos. Buena parte del grupo de unas 3.000 personas optó por entregarse a las autoridades migratorias, algunos pidieron asilo, otros trabajo y a otros los deportaron. Muchos permanecen o han pasado por los centros de detención del Instituto de Migración. A partir de este martes, ninguno de ellos tendrá más asesoría o acompañamiento que la de los agentes que los detuvieron.
Fuente: ELENA REINA / El País / https://elpais.com/
