De los encuestados, nueve de cada diez aprueba que los funcionarios publiquen su declaración patrimonial
La opinión nacional apoya que se hagan públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios, aunque este respaldo disminuye cuando se mencionan las cuestiones de inseguridad que puede acarrear.
Obligar a los empresarios con contratos con el gobierno a presentar las declaraciones patrimonial y de intereses también es aprobado y las opiniones sólo se dividen cuando se menciona el gasto y la dificultad práctica para hacer efectiva esta norma. No hay consenso claro sobre el alcance que debería haber tenido el veto presidencial a la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre este tema.
En torno a la llamada Ley 3de3, casi toda la población está de acuerdo con que se hicieran públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios públicos (9 de cada 10 aprueban esta iniciativa) (gráfica 1). De manera genérica, los entrevistados, también en su amplia mayoría, aceptarían hacer una declaración patrimonial y de intereses si ellos fueran funcionarios y que se hicieran públicas para cualquier persona que quisiera consultarlas (gráfica 2). La plena publicidad de su declaración fiscal igualmente sería apoyada. No obstante, cuando se señalan las objeciones que se han planteado por cuestiones de seguridad para evitar secuestros o extorsiones, el respaldo a la idea de obligar a hacer públicas estas declaraciones de los servidores públicos se mantiene, pero disminuye (61%) (gráfica 3).
La polémica inclusión de una norma para obligar a las empresas y personas físicas con contratos con el gobierno a presentar también la 3de3 es bien vista en principio por la población como idea genérica (acuerdo, 77%) (gráfica 4). Las opiniones se dividen sólo hasta que se mencionan razones expresadas por los opositores a esa obligación, sobre todo el gasto, la incapacidad práctica para aplicarla y cuestiones de seguridad (se debe obligar a los particulares, 54%; no se les debe obligar, 42%) (gráfica 5).
La mitad de la población no sabe si la normatividad que aprobó el Congreso para el Sistema Nacional Anticorrupción ya fue promulgada o no. Quienes creen que el presidente Peña no ha hecho publicar esa legislación (41%) creen que es porque no le conviene (62%).
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Al informar a los entrevistados que el Presidente vetó la nueva legislación anticorrupción en lo correspondiente a la obligación de particulares para presentar la 3de3, las opiniones se dividen sobre lo que Peña Nieto debió hacer. El punto de vista más frecuente es que debió vetar todo para que se reformule integralmente (42%). Una cuarta parte dice que se debía vetar sólo para que se revisen los puntos más cuestionados y otra proporción similar considera que se debió promulgar como se aprobó en el Congreso, aun con los aspectos polémicos (gráfica 6).
El debate público sobre la nueva normatividad anticorrupción se da en un contexto en el que las opiniones se dividen entre quienes creen que la corrupción es un flagelo en el que participan todos los mexicanos (51%) y quienes piensan que es un problema, sobre todo, de los funcionarios y empleados públicos (46%) (gráfica 7). Asimismo, no se cree que este fenómeno se haya agudizado en los últimos años, sino más bien que es tan grave como antes, sólo que ahora se exhibe más (70%)
Fuente: Excelsior
