Redacción Macronews.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy trágico y muy doloroso” el asesinato de Fernandito, un niño de cinco años que fue retenido como “garantía” por una deuda de mil pesos y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México. En su conferencia matutina del 11 de agosto, la mandataria exigió cambios urgentes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), tras evidenciarse una cadena de omisiones institucionales que impidieron una respuesta oportuna a la denuncia de la madre del menor.
De acuerdo con la abogada Fabiola Millán, la madre de Fernandito solicitó ayuda a diversas instancias, incluyendo el DIF municipal, la Fiscalía regional y la comisaría local, sin recibir atención inmediata. El 28 de julio, tres personas identificadas como Ana Lilia “N”, su hija Lilia “N” y su esposo Carlos “N” acudieron al domicilio de Marcelina Noemí Gómez para reclamar el pago de mil pesos prestados. Al no obtener respuesta, se llevaron al menor como forma de presión. La madre denunció el hecho, pero fue ignorada por las autoridades hasta que el colectivo “Amor y Rabia” intervino y logró que la policía ingresara al domicilio el 4 de agosto, donde encontraron al niño sin vida, envuelto en bolsas de plástico.
La autopsia reveló que Fernandito murió por golpes en la cabeza y que durante su cautiverio no recibió agua ni alimento. Los tres presuntos responsables fueron detenidos ese mismo día y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde enfrentan cargos por secuestro y homicidio. La audiencia para definir su situación jurídica se reanudará el próximo 18 de agosto.
El caso ha generado una ola de indignación nacional y ha reavivado el debate sobre la actuación de las autoridades ante denuncias de violencia infantil. La presidenta Sheinbaum subrayó que “no debe repetirse que una madre pida ayuda y no reciba respuesta”, y confirmó que tanto la gobernadora Delfina Gómez como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantienen comunicación directa con la familia de la víctima.
En medio de las críticas, Mario Cristalinas, director del DIF de La Paz, presentó su renuncia el fin de semana. Aunque no confirmó si su salida está directamente relacionada con el caso, fue ampliamente cuestionado por no haber activado los protocolos de protección infantil. La abogada de la familia señaló que “si desde el minuto uno el DIF hubiera tomado el reporte, Fernandito estaría vivo”.
La Fiscalía del Estado de México ha iniciado una investigación interna para esclarecer por qué no se activaron los mecanismos de protección ante la denuncia inicial. La presidenta Sheinbaum reiteró que “tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, y aseguró que el gobierno federal brindará todo el apoyo necesario a la familia del menor.
Este caso pone en evidencia la urgencia de revisar los protocolos de atención a víctimas, especialmente en contextos de violencia infantil y marginación social. La omisión institucional, sumada a la brutalidad del crimen, ha dejado al descubierto fallas estructurales que requieren atención inmediata por parte de los tres niveles de gobierno.
