Redacción Macronews.- El presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Rafael Acuña Griego, justificó la polémica sentencia emitida en el caso de Leyla Montserrat, joven de 15 años asesinada por dos de sus “amigas”, al señalar que la ley limita las sanciones debido a que las responsables son menores de edad.
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El caso ha generado indignación social en San Luis Río Colorado, donde familiares, amigos y ciudadanos han salido a protestar para exigir justicia y una condena más severa contra las adolescentes implicadas en el crimen.
Un crimen que estremeció a Sonora
Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025, cuando Leyla fue citada por dos conocidas en una vivienda con el pretexto de darle una sorpresa. En el lugar, las jóvenes le vendaron los ojos, la ataron a una silla y posteriormente la asesinaron, grabando el crimen en video.
Meses después, la madre de la víctima recibió de forma anónima la grabación, la cual fue integrada por la Fiscalía General del Estado de Sonora como prueba clave dentro de la investigación.
A pesar de la gravedad del caso, el juez determinó una condena de 2 años y 10 meses de internamiento para la menor de 15 años, mientras que la adolescente de 13 años recibió 11 meses de libertad asistida. Además, se estableció un pago de reparación del daño por 5 mil 700 pesos, lo que ha sido calificado como insuficiente por la opinión pública.
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Magistrado defiende decisión judicial
Ante la presión social, Rafael Acuña Griego afirmó que el juez actuó conforme a la ley vigente, específicamente bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el cual establece límites en las sanciones para menores de entre 14 y 16 años.
“El juez se apegó a derecho. No se puede imponer una pena mayor a tres años en estos casos”, explicó el magistrado, subrayando que las restricciones legales impiden castigos más severos, incluso en delitos de alto impacto.
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Exigen justicia y revisión de la ley
Las manifestaciones en Sonora continúan, con ciudadanos que demandan reformas al sistema de justicia para adolescentes, argumentando que este tipo de delitos no deberían recibir sanciones tan reducidas.
El caso de Leyla Montserrat ha reavivado el debate sobre los límites legales en la impartición de justicia cuando los responsables son menores, así como la necesidad de garantizar castigos proporcionales a la gravedad de los delitos.
