La Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche (Codhecam) emitió una medida cautelar en que consideró ilegal la retención salarial en contra de 80 policías estatales y ordena a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) que libere los pagos a la mayor brevedad.
Sin embargo, ni la SPSC ni la Secretaría de Finanzas y Administración acataron el resolutivo de la Codhecam, por lo que los 80 afectados, entre ellos 65 integrantes de la agrupación Mujer Valiente continuaron con su peregrinar por diversas dependencias a fin de obtener el pago de sus salarios.
Por la mañana, los inconformes acudieron a la sede alterna de la SPSC ubicada en la Academia de Policía, donde el personal administrativo no supo darles respuesta. Dijeron desconocer dónde se encontraban sus cheques y reiteraron que probablemente el lunes les tengan información al respecto.
Posteriormente, se trasladaron a la Secretaría de la Contraloría con la intención de presentar una denuncia contra la titular de la SPSC, Marcela Muñoz Martínez, por la retención ilegal de sus salarios, por lo que funcionarios de esa dependencia se negaron a recibir la denuncia colectiva y la condicionaron a que la presentan en grupos de tres en tres.
Los uniformados aceptaron la condicionante que les impusieron y reclamaron que la titular de esa dependencia, María Eugenia Enríquez Reyes, se haya negado a dialogar con ellos para orientarlos sobre cómo proceder en este caso. “Se están encubriendo unos a otros, pero vamos a seguir los lineamientos que ellos nos imponen para que acepten nuestras quejas” apuntó el oficial José Grajales, uno de los líderes del movimiento.
Por otro lado, los uniformados pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación federal, para que gire instrucciones a la SPSC de Campeche y se les proporcione combustible para que salgan a patrullar y para que operen las ambulancias en que se atiende a la ciudadanía.
“La gobernadora Layda Sansores cree que al dejarnos sin gasolina para los servicios de vigilancia, patrullaje y de ambulancia, nos afecta a los policías. No, quienes son afectados son los ciudadanos, por eso pedimos la intervención federal, ya que en Campeche el gobierno está cerrado al diálogo” aseveró el oficial Grajales.
Fuente: La jornada maya
