Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instó a las autoridades de gobierno a colaborar en el objetivo de evitar la vulneración de los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar
Este domingo 12 de septiembre el Gobierno de México pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto en el país entre enero y julio de este año en 27 entidades federativas. Esto, tras el histórico fallo del máximo tribunal al declarar como inconstitucional la penalización y criminalización de la interrupción del embarazo.
En este sentido, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) señaló a través de un comunicado que, las autoridades de gobierno de los tres niveles, así como las fiscalías, procuradurías y poderes judiciales locales, deben “coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar en los casos permitidos”.
Por su parte, Fabiola Alanís, titular de la Conavim explicó que las autoridades locales federales deben colaborar con el fin de “asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país”.
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La titular de la Conavim instó a las dependencias de gobierno a “coadyuvar en el objetivo de evitar cualquier caso en el que se vulneren los derechos de quienes ejercen la decisión de abortar (Foto: REUTERS / Toya Sarno Jordan)La titular de la Conavim abundó que, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de las carpetas investigación procesadas, entre enero y julio de esta año, en contra de personas por el delito de aborto destacan los casos registrados en el Estado de México (93), Nuevo León (67) y en la Ciudad de México con 52 casos. En las tres entidades citadas previamente, se concentra el 49% de las carpetas de investigación abiertas este año.
En este listado le siguen Tamaulipas (28 casos), Querétaro (22), Baja California y Guanajuato (18 casos cada uno). También se ubicaron los estados de Hidalgo (15), Veracruz (14) y Michoacán (13).
Además de Aguascalientes y Sonora con 10 casos cada uno; Baja California Sur y Morelos con siete casos cada uno; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí (6 casos cada uno); Zacatecas (5 casos); Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco (4 casos casa uno); así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit, entidades en las que se registraron tres casos en cada uno.
En este sentido, la Conavim reiteró que ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación, por lo que instó y exhortó a todas las autoridades correspondientes a hacer todo lo necesario para evitar la criminalización y revisar las carpetas de investigación ya identificadas.
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El pasado martes 07 de septiembre, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la penalización de las mujeres y personas que deciden abortar en la primera etapa del embarazo (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto en México
El pasado martes 07 de septiembre, la SCJN declaró la inconstitucionalidad de la penalización de las mujeres y personas que deciden abortar en la primera etapa del embarazo, así como el reconocimiento al derecho a decidir, lo cual se convirtió en un fallo histórico en la historia de México.
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Por unanimidad, las y los 10 ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.
“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo”, argumentó del ministro Luis María Aguilar, quien presentó el proyecto a la Sala Superior.
fuente: infobae
