Las secretarías de Energía y de Economía, así como el INEGI, el IFT y el INAI estarán a cargo de las instituciones extintas, pero enfrentarán retos para integrar a más trabajadores con menos presupuesto.
Las dependencias federales que absorberán las funciones de los siete órganos autónomos extintos en semanas pasadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrentarán significativos retos operativos durante el próximo año. Entre estos desafíos destacan el considerable aumento en sus plantillas laborales y la reducción de sus presupuestos.
Uno de los mayores retos lo enfrentará la Secretaría de Energía (Sener). Actualmente cuenta con 762 trabajadores, por lo que deberá incorporar a su organigrama a los 464 empleados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y a los 368 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Como resultado, la dependencia que encabeza Luz Elena González duplicará su plantilla, pasando de 762 a mil 594 trabajadores, según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Este incremento se dará en un contexto de reducciones presupuestales. Tanto la CRE como la CNH reportaron recortes del 32.9 por ciento en sus asignaciones para 2025, recursos que no fueron reasignados a la Sener, ya que la dependencia energética también sufrirá una disminución anual del 20.9 por ciento en su presupuesto, según el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025.
Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (ARSE), indicó que tanto la CRE como la CNH dejarán de operar a finales de marzo de 2025, y se prevé que la Sener asuma sus funciones a partir de abril.
Por su parte, la Secretaría de Economía enfrentará una situación similar. Deberá recibir a los 474 trabajadores de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aumentando su plantilla de mil 313 a mil 787 empleados, lo que representa un incremento del 36.1 por ciento.
A pesar de esto, la Cofece sufrirá un recorte presupuestal del 72.1 por ciento para 2025, y dichos recursos no se transferirán a la Secretaría de Economía, que también enfrentará una reducción de su presupuesto del 14.4 por ciento.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) también verá disminuido su presupuesto en un 17.5 por ciento. Sin embargo, deberá integrar a los 187 empleados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo que aumentará su plantilla a 24 mil 067 trabajadores.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que cuenta con mil 402 empleados, dejará la mayor cantidad de trabajadores sin adscripción clara. Algunos podrían ser transferidos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que otros podrían formar parte de un nuevo organismo encargado de cumplir con las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), adscrito a la Secretaría de Economía.
Repartirán facultades
Un caso particular es el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyos 755 empleados serán reasignados a distintas dependencias, entre ellas, la Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción (anteriormente Función Pública), que actualmente cuenta con 2 mil 493 trabajadores.
Finalmente, los 591 empleados de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) serán integrados a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que, pese a recibir un aumento presupuestal del 1.8 por ciento para 2025, ya opera con una plantilla de 5 mil 407 trabajadores.
El decreto presidencial establece que los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en su totalidad y que los recursos humanos de los órganos extintos se incorporarán a las dependencias que asuman sus funciones.
Paola Morales, socia de la firma Santamarina y Steta, señaló que “la historia ha demostrado que al gobierno le resulta muy difícil autorregularse. Sin embargo, tendrá que hacerlo debido al T-MEC y a otros tratados internacionales”. Morales también enfatizó la importancia de la legislación secundaria en temas como transparencia, protección de datos personales y telecomunicaciones, áreas que podrían enfrentar retrocesos significativos.
FUENTE: EL FINANCIERO
