Guadalajara.- Los campesinos de regiones como Valles podrían quedar atrapados entre el Estado y el narco.
Éste es uno de los principales escenarios ante la posible aprobación de la propuesta de ley para despenalizar el uso lúdico de la mariguana que se discute en el Poder Legislativo, consideró Zara Snapp, cofundadora del Instituto RIA, organización que genera investigación e incidencia sobre políticas públicas.
La especialista indicó que las comunidades están en una encrucijada, ya que no podrían vender la planta legalmente con libertad, sino que tendrían que negociar con los grupos criminales que controlan el territorio.
«Sabemos que con la regulación del cannabis no van a cambiar las condiciones estructurales que existen en el país y el descontrol que tiene el Estado en muchas partes», expuso.
Sin embargo, sostuvo Snapp, la legalización de la producción, comercialización y consumo es un paso que se tiene que tomar para poder avanzar en otra forma de relacionarse entre los gobiernos y los habitantes de regiones donde históricamente se ha sembrado mariguana.
De acuerdo con un diagnóstico de la Región Valles realizado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG), en el 2019 había 14 mil 969 personas registradas ante el IMSS como agricultores.
Esto representaba el 44.10 por ciento de los 33 mil 940 trabajadores asegurados en toda la región.
Aunque esto no significa que los campesinos registrados se dediquen al cultivo de mariguana, que sea una zona agrícola en su mayoría explica porque la Región Valles ha sido por años productora de la hierba.
En la propuesta de ley para despenalizar la mariguana se contempla que el 40 por ciento de las licencias de cultivo sean otorgadas a comunidades a las que les han erradicado sus plantíos durante la prohibición o que forman parte del sector social, como ejidos y propiedades comunales.
Este proceso de transición a la legalidad tomará para las comunidades alrededor de 18 meses después de la aprobación de la ley.
Desde el Instituto RIA, Snapp y sus compañeros han propuesto que la cantidad de licencias ascienda al 80 por ciento.
«Creo que lo más difícil va a ser estas zonas donde hay varios grupos luchando por territorio, grupos no estatales, donde esos grupos van a tener que decidir si se involucran en el mercado legal o si quieren seguir en un mercado ilegal«, consideró la experta.
«Creo que vamos a ver ese cambio (la legalización de la mariguana) un poco más retrasado en esas zonas, después de ver cuáles son las repercusiones de la regulación», agregó.
FUENTE: Sipse
