Acapulco, Guerrero. — En un hecho que ha sacudido a la comunidad militar y generado indignación social, una agente de la Guardia Nacional fue asesinada al interior de un cuartel en Acapulco, presuntamente por un compañero de servicio.
El suceso ocurrió la noche del martes 15 de octubre de 2025, dentro de las instalaciones del 51° Batallón de la Guardia Nacional, localizado en el bulevar de Las Naciones, zona Diamante de Acapulco.
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La víctima fue identificada como Stephany Carmona Rojas, de entre 19 y 20 años, originaria de Ajalpan, Puebla. Según informes periciales, el cuerpo presentaba dos impactos de bala en la cabeza, lo que contradice versiones iniciales que señalaban un “accidente” durante una práctica de tiro.
El presunto agresor es un elemento masculino identificado como Yair Manuel Ramírez de la Cruz, de rango de sargento segundo. Después del ataque, el sujeto huyó del lugar, escapando del cuartel sin que las autoridades de la corporación lograran detenerlo de inmediato. Las autoridades activaron operativos en terminales de autobuses y aeropuerto para evitar su escape de la ciudad.
Desde un inicio, hubo discrepancias entre las versiones oficiales y las denuncias familiares. Mientras la institución presentó el supuesto contexto de práctica de tiro, los familiares refutan esa versión, asegurando que Stephany no estaba en labores que justificaran disparos a la cabeza. i Además, se han difundido mensajes que la víctima envió en los que denunciaba presunto hostigamiento y acoso dentro de su unidad militar, y advertía que si presentaba quejas podría ser sancionada. Grupos feministas y colectivos de derechos humanos exigen una investigación con perspectiva de género, un esclarecimiento completo del caso y que no se encubra al responsable. Bajo el hashtag #JusticiaParaStephany, se ha viralizado la exigencia de rendición de cuentas e intervención de instancias imparciales.
Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial público sobre el caso. Tampoco se ha confirmado formalmente la emisión de una orden de aprehensión contra el presunto agresor ni si existe colaboración con instancias civiles para la investigación.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación bajo el delito de homicidio (o homicidio “imprudencial”, según versiones oficiales). El cuerpo de Stephany se encuentra en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), pendiente de ser entregado a su familia para los servicios funerarios correspondientes.
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Familiares, simpatizantes y organismos de derechos humanos han exigido que este crimen no quede impune y que se garantice una investigación con independencia y transparencia, más allá del ámbito militar.
Este caso también plantea cuestionamientos serios sobre los mecanismos internos de prevención, atención y sanción de violencia de género dentro de instituciones armadas. Que una mujer sea asesinada en el sitio que debería protegerla genera alarma sobre posibles fallas estructurales, falta de protocolos o encubrimientos institucionales
