EX GOBERNADOR DE MICHOACÁN SILVANO AUREOLES ORGANIZÓ EL DESFALCO DE MÁS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS EN SU GOBIERNO, AFIRMA FGR
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha imputado a cuatro exfuncionarios del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán, acusándolos de causar un desfalco superior a los 3 mil millones de pesos en la entidad. Durante una audiencia de 18 horas, la jueza Patricia Sánchez Nava escuchó la imputación de la FGR contra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la misma dependencia, y Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad. Los cuatro fueron imputados por peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.
El esquema que la FGR describió durante la diligencia señala a Silvano Aureoles Conejo como el responsable de ordenar las operaciones fraudulentas que condujeron al desfalco de 3 mil 412 millones de pesos. En particular, la FGR afirmó que Aureoles fue quien autorizó la compra a sobreprecio de siete terrenos que fueron utilizados para construir los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.
Entre 2015 y 2021, la administración de Aureoles benefició a la Inmobiliaria DIP con contratos de arrendamiento, servicios y compras a precios elevados, a pesar de que esta empresa, creada en 2015 con un capital de solo 50 mil pesos, fue la que obtuvo adjudicaciones directas para colocar los cuarteles en Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La FGR detalló que, tras recibir los contratos para el arrendamiento, Inmobiliaria DIP obtuvo otros contratos para realizar los servicios de mantenimiento y limpieza en esos cuarteles. Las pruebas presentadas en la audiencia incluyen facturas, contratos y declaraciones que demuestran la celebración de estos acuerdos.
En abril de 2020, el exgobernador Aureoles autorizó la compra de estos terrenos a precios inflados. Por ejemplo, el cuartel de Apatzingán, cuyo valor catastral era de 210 millones de pesos, fue adquirido con un sobreprecio de 76 millones de pesos. El cuartel de Coalcomán, cuyo valor era de 216 millones de pesos, se compró con un sobreprecio de 116 millones, mientras que el cuartel de Huetamo fue adquirido por 37 millones más que su valor real.
Otros cuarteles también fueron adquiridos a precios superiores a su valor catastral, con sobreprecios que van desde los 37 hasta los 163 millones de pesos en algunos casos. Sin embargo, la FGR no ha confirmado si estos sobreprecios beneficiaron a los imputados o a otros involucrados, incluido el propio exgobernador Silvano Aureoles, quien actualmente está siendo investigado por su participación en los hechos.
