Silvano Aureoles, exgoberndor de Michoacán. (Foto: Ramón Romero/EL UNIVERSAL) Después de 22 horas de debate entre las partes, una jueza federal vinculó esta mañana a proceso a los cuatro excolaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, detenidos hace una semana por su presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil del estado.
En audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Oriente, la jueza de control Patricia Sánchez Nava desechó los datos y medios de prueba presentados por la defensa de Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Administración y Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada Administrativa de la SSPC, quienes quedaron procesados por los delitos peculado, asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y administración fraudulenta.
Durante la diligencia, los abogados de los imputados presentaron peritos en grafología, lavado de dinero, oficios y pólizas para desvirtuar las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la Contraloría de Michoacán, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia.
En el caso del exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, su defensa alegó que el exfuncionario sólo autorizó algunos pagos a la Inmobiliaria DIP, propiedad del empresario Joaquín Martínez del Campo, que rentó los terrenos para la construcción de los cuarteles y después vendió los inmuebles al gobierno de Michoacán.
