Redacción Macronews.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación sobre el presunto esquema de corrupción que involucra a dos empresarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) para obtener contratos millonarios entre 2019 y 2021. Los empresarios señalados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, actualmente detenido en Texas, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien se encuentra prófugo de la justicia estadounidense.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que ya instruyó al fiscal Alejandro Gertz Manero para solicitar información oficial tanto al gobierno de Estados Unidos como a Pemex. “Primero hay que averiguar si hubo contratos con estas personas y cuál es la acusación que tuviera que ver con algún acto de corrupción. Hay que revisar si realmente los hubo”, declaró la mandataria.
Según documentos judiciales, los empresarios ofrecieron al menos $150,000 dólares en sobornos —incluyendo efectivo, relojes Hublot y bolsos de lujo Louis Vuitton— a tres funcionarios de Pemex para manipular licitaciones y asegurar contratos por más de $2.5 millones de dólares. Las acusaciones se presentaron ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), y podrían derivar en penas severas si se comprueba la culpabilidad de los implicados.
Sheinbaum destacó que Ávila Lizárraga, además de ser militante del Partido Acción Nacional (PAN), fue candidato al gobierno de Campeche en 2009 y ocupó cargos directivos en Pemex, donde ya había sido señalado por irregularidades. En 2015, fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por violaciones a los procedimientos de contratación durante su gestión como subdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción.
La presidenta subrayó que, en caso de confirmarse la existencia de contratos irregulares, se solicitará a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, así como a la FGR, que se realicen las indagatorias correspondientes. “No vamos a encubrir a nadie. Si hubo corrupción, se va a investigar y se va a sancionar”, afirmó.
Hasta el momento, Pemex no ha emitido una postura oficial sobre los contratos presuntamente otorgados a los empresarios acusados. La revisión documental abarcará el periodo comprendido entre 2019 y 2021, durante la gestión de Octavio Romero Oropeza como director general de la paraestatal.
El caso ha generado preocupación en sectores políticos y empresariales, al evidenciar que prácticas corruptas podrían haber persistido en la administración anterior, pese a los compromisos públicos de erradicación de la corrupción. La presidenta Sheinbaum insistió en que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia y transparencia institucional.
