«Está comprobado que las usaron», dice tajante a BBC Mundo el periodista alemán Wolf Dieter Vogel.
Se refiere a fusiles de asalto G36 que la empresa alemana Heckler & Koch vendió a México entre el año 2006 y 2009.
La compañía, una de las líderes del mercado global, está acusada de exportar esas armas de forma ilegal y seis de sus exempleados enfrentan cargos por ello.
El reportero insiste en que varias de las sofisticadas G36, preciadas por su precisión y efectividad, terminaron en manos de la policía de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, contradiciendo así el Acta para el Control de Armas de Guerra de Alemania.
Y no solo eso. Asegura que los agentes las utilizaron el 26 de septiembre de 2014, la fatídica noche en la que murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
«La mañana después del ataque fueron encontradas entre 36 y 38 de esas armas en el edificio de la policía municipal de Iguala», dice Vogel, quien investigó el caso para el diario alemán Die Tageszeitung.
«Además, unos policías detenidos declararon que portaban esas armas, y dijeron explícitamente que el agente que está en la cárcel por participar en el homicidio del estudiante Julio César Mondragón— cuyo cadaver fue encontrado al día siguiente, desollado y sin rostro— cargaba una G36», añade.
«Todo esto está confirmado por los expedientes de (el caso) Ayotzinapa«.
También lo corrobora el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, una institución que ayuda legalmente a los padres de los desaparecidos y que tiene acceso a los expedientes.
«En efecto, algunas de las armas decomisadas a las policías de Iguala en septiembre de 2014 parecen ser de las mismas por las que H&K ha sido investigado y por las que algunos de sus empleados enfrentan cargos», dice a BBC Mundo la representante del Centro María Luisa Aguilar.
Informador
El primero que puso el ojo sobre el caso fue el activista antiarmas alemán Jürgen Grässlin.
Es profesor a tiempo completo en Frigurgo y en 1992 fundó la RüstungsInformationBüro (Oficina de Información de Armamentos), una organización pacifista.
Grässlin supo de las exportaciones de Heckler & Koch a México en 2009, cuandoun empleado de la empresa cuya identidad quiere proteger le habló de ellas.
El informador es hoy un testigo clave del juicio.
«Estaba muy nervioso», recuerda Grässlin a BBC Mundo.
En un principio él mismo se mostró receloso, reconoce el pacifista. Creyó que podía ser un intento de Heckler & Koch para espiarlo.
Y es que en sus 30 años como activista antiarmas ha escrito varios libros e incontables artículos sobre la industria armamentística alemana.
«Pero nos reunimos varias veces más, me enseñó documentos, fotografías y datos, y finalmente le creí», cuenta Grässlin.
«Me dijo que su compañía estaba exportando la mitad de 10.000 fusiles G36 a unos estados a los que no estaba permitido hacerlo«.
La ley alemana prohíbe la venta de armamento a zonas en conflicto, y algunos estados federados mexicanos están incluidos dentro de esa clasificación debido a la violencia relacionada con el narcotráfico.
Tras todas las conversaciones con el confidente, en abril de 2010 Grässlin presentó cargos contra Heckler & Koch por envíos ilegales de G36 de Alemania a México.
La demanda no tuvo mayor recorrido hasta que los medios alemanes empezaron a cubrir el caso.
El informador es hoy un testigo clave del juicio.
«Estaba muy nervioso», recuerda Grässlin a BBC Mundo.
En un principio él mismo se mostró receloso, reconoce el pacifista. Creyó que podía ser un intento de Heckler & Koch para espiarlo.
Y es que en sus 30 años como activista antiarmas ha escrito varios libros e incontables artículos sobre la industria armamentística alemana.
«Pero nos reunimos varias veces más, me enseñó documentos, fotografías y datos, y finalmente le creí», cuenta Grässlin.
«Me dijo que su compañía estaba exportando la mitad de 10.000 fusiles G36 a unos estados a los que no estaba permitido hacerlo«.
La ley alemana prohíbe la venta de armamento a zonas en conflicto, y algunos estados federados mexicanos están incluidos dentro de esa clasificación debido a la violencia relacionada con el narcotráfico.
Tras todas las conversaciones con el confidente, en abril de 2010 Grässlin presentó cargos contra Heckler & Koch por envíos ilegales de G36 de Alemania a México.
La demanda no tuvo mayor recorrido hasta que los medios alemanes empezaron a cubrir el caso.
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Sin embargo, cuando a través del Instituto Nacional de Transparencia de México (INAI) solicitó en 2011 información sobre el paradero final de las G36, descubrió que la mitad de los 10.000 fusiles que llegaron a México en 16 envíos terminaron en estados «prohibidos».
«Las instituciones mexicanas no cumplieron con sus obligaciones fijadas en los documentos», señala Vogel.
«Es decir, la DCAM envió las armas a entidades policíacas de estados a las que no tenía permitido mandarlas», asegura.
«Falsificación»
Según el periodista, «un vendedor de armas que trabajaba para Heckler & Koch en México falsificó las declaraciones del destino final en cooperación con un encargado de la DCAM».
BBC Mundo se puso en contacto con la Dirección de Comercialización de Armamentos y Municiones para contrastar esa versión, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, Vogel insiste en que la responsabilidad es también de la empresa armamentística.
«Esa modificación (la falsificación de las declaraciones de destino final) no podía pasar sin que cargos altos de la empresa se dieran cuenta», asegura el periodista.
Y va más allá: «Todo indica que funcionarios de la Oficina Federal de Exportación y del Ministerio Federal de Economía sabían exactamente que las armas llegaron a lugares para los cuales no existían permisos».
BBC Mundo se puso en contacto con la Dirección de Comercialización de Armamentos y Municiones para contrastar esa versión, pero no obtuvo respuesta.
Sin embargo, Vogel insiste en que la responsabilidad es también de la empresa armamentística.
«Esa modificación (la falsificación de las declaraciones de destino final) no podía pasar sin que cargos altos de la empresa se dieran cuenta», asegura el periodista.
Y va más allá: «Todo indica que funcionarios de la Oficina Federal de Exportación y del Ministerio Federal de Economía sabían exactamente que las armas llegaron a lugares para los cuales no existían permisos».
El activista Jürgen Grässlin confirma que esa es la versión que le contó el informador.
El caso del envío irregular volvió a sonar cuando en 2013 los medios alemanes informaron que la policía estatal de Guerrero utilizó fusiles G36 al desalojar el 12 de diciembre a un grupo de estudiantes que bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera federal, a la altura de Chilpancingo.
Durante el enfrentamiento murieron, tras recibir sendos tiros, Jorge Alexis Herrera Pino y Grabriel Echeverría de Jesús, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Pero el tema adquirió una dimensión mayor cuando en diciembre de 2014 el diario alemán Tages Zeitung reveló que a la policía de Iguala le fueron decomisadas armas fabricadas en Alemania.
De acuerdo al expediente del caso al que tuvo acceso el periódico y fue iniciado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), entre las armas había fusiles G36 de H&K, fusiles de asalto italianos Beretta tipo SCP (sic) 70/90 y también modelos AR-15 producidos por la empresa estadounidense Colt.
Ante esto, durante una visita a México en la primavera de 2015, el comisionado para la Política de Derechos Humanos y Ayuda Humanitaria del gobierno alemán Christoph Strässer pidió disculpas a los familiares de los 43 desaparecidos.
«La cuestión no es si estas armas que llegaron (a manos de la policía de Iguala) eran legales o ilegales», dijo.
«Para mí es suficiente para pedir disculpas», añadió.
«En Alemania existe un mecanismo claro para la venta de armas, pero no se respetó, y por eso hay un procedimiento judicial» en marcha.
Los cargos presentados por la fiscalía alemana son contra el representante de ventas en México, una empleada de la filial local y directivos que trabajaban entonces para Heckler & Koch.
La fiscalía explicó en un comunicado que acusa a estas seis personas de un presunto delito contra la ley de control de armas de guerra y por otro contra la legislación que regula el comercio exterior, mientras que ha archivado la causa contra otros 13 empleados de la compañía.
La cámara decimotercera de la Audiencia Provincial de Stuttgart es la que asumió el caso, y se prevé que el juicio comenzará en marzo o abril.
«Y mientras, en México no se ha llevado a cabo ninguna investigación» al respecto de las armas, subraya María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Fuente: BCC Mundo
