La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que busca a Jaime Slomianski Aguilar, extitular de la extinta Agencia de Gestión Urbana, así como a varios de sus colaboradores, quienes cuentan con orden de aprehensión por su probable participación en la comisión del delito cometido por servidores públicos que causó un detrimento económico de aproximadamente 29 millones 454 mil 238 pesos a la hacienda pública capitalina.
Lo anterior, luego de que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Coordinación General de Investigación Estratégica, lo investigó por su posible participación, junto con otras personas, para llevar a cabo la contratación de empresas de asesoría de tipo técnico y administrativo para la planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de obra pública y servicios relacionados, pese a que la institución contaba con ese tipo de actividades y era innecesaria su contratación.
De acuerdo con la indagatoria integrada por la FGJCDMX, para concretar las licitaciones referidas era indispensable contar con la autorización y firma del titular de la extinta agencia, ya que sin ello hubiera sido inviable cualquier tipo de contratación.
“Es necesario señalar que el representante social de la Fiscalía General de Justicia también integra otras investigaciones en las que se encuentran relacionadas varias personas más”, indicó en una tarjeta informativa.
Asimismo, es de conocimiento del Ministerio Público que para evadir la acción de la justicia, el imputado ha presentado diversas solicitudes de amparo para protegerse de dichas investigaciones.
Cabe recordar que la Agencia de Gestión Urbana era la dependencia responsable de dar atención y mantenimiento a la infraestructura urbana de la Ciudad de México como pavimentación de vías primarias, jardinería y alumbrado público, principalmente.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiteró su compromiso en contra de la corrupción y la impunidad, por lo que será implacable para buscar sanciones en contra de aquellas o aquellos servidores públicos que incurran en cualquier conducta ilícita.
FUENTE: El Universal
