El Instituto Nacional de Migración (INM) contrató al menos 200 camiones para el traslado de migrantes connacionales y extranjeros repatriados acompañados por personal del instituto durante el mes de marzo, para lo que destinará hasta 65 millones de pesos de acuerdo con un contrato consultado por El Sol de México en el portal de compras del gobierno federal, Compranet. El contrato señala que habrán rutas nacionales cortas, medianas y largas que van desde los 100 kilómetros hasta los mil 250 en adelante para las cuales solicita un mínimo de 160 camiones. Estas rutas tendrán como destino final cualquier estación migratoria o punto del territorio nacional durante el mes de marzo.
El traslado de migrantes mexicanos y extranjeros “en condición de retorno” se adjudicó de forma directa a la empresa ETN Turistar Lujo SA de CV, la cual deberá contar con un mínimo de 40 autobuses para operar las rutas internacionales. En este caso las rutas largas contemplan una distancia de 301 kilómetros en adelante y tendrán como destino final países de Centroamérica como “Belice, Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros”.
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El profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), José María Ramos García, consideró que el traslado de migrantes mexicanos y extranjeros en camiones corresponde a lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el posible aumento en las deportaciones de Estados Unidos. “El traslado de migrantes mexicanos y extranjeros en camiones responde a lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum ante el posible aumento en las deportaciones de Estados Unidos”
El investigador afirmó que México sostiene una relación de apoyo con los países centroamericanos a los que se enviarán al menos 40 camiones en rutas internacionales para el retorno de sus migrantes durante el mes de marzo. Asimismo, Ramos García agregó que el traslado de migrantes en autobuses es una estrategia de negociación en el marco de la relación actual entre México y Estados Unidos, que se ha caracterizado por posturas restrictivas, “pero también por algunas opciones de colaboración”. El profesor del Colef detalló que esta decisión tiene una visión pragmática porque mientras se brinda el apoyo a la población migrante en situación vulnerable, de alguna manera también se está apoyando al gobierno estadounidense.
“Ahí lo que habría que revisar es si en esos traslados existe algún apoyo o una ayuda financiera por parte del gobierno de Estados Unidos”, afirmó José María Ramos. Además de trasladar a personal del instituto que acompañe a estas personas migrantes, el contrato especifica que aquellos migrantes extranjeros señalados como inadmisibles por el INM serán retornados a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. “Para el caso de las personas migrantes extranjeras con documentos de inadmisibilidad emitidos por parte de la autoridad migratoria de países como Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, el retorno se realizará a la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, estado de Chiapas, México”, señaló el contrato del INM.
El profesor del Colef señaló que las políticas represoras del gobierno de Estados Unidos van a generar dificultades para mantener la movilidad humana que en la administración del presidente Biden implicó la migración de ocho millones de personas, casi 45 por ciento pertenecientes a México de acuerdo con Ramos García. El investigador afirmó que “es necesario fortalecer las políticas de corresponsabilidad regional de los países, en este caso, de expulsores de migrantes”.
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José María Ramos García señaló que en Estados Unidos hay al menos ocho estados, “cuando menos una mayoría de gobiernos republicanos”, que requieren mano de obra tanto regular como irregular y donde existe una integración agrícola muy importante, pues la mano de obra mexicana es relevante para hacer frente a la competencia comercial con China. “Ese es un reto que tiene el estado mexicano de corto y mediano plazo”, detalló el investigador.
“Este próximo año se van a cumplir 40 años de la última reforma inmigratoria que fue promovida por un gobierno republicano. Desde mi punto de vista, el Estado mexicano debería de plantearle al gobierno de Estados Unidos avanzar una nueva reforma inmigratoria en función del contexto sociodemográfico y laboral el que caracteriza los Estados Unidos en la actualidad en donde ese país requiere mano de obra calificada y semicalificada”, consideró el profesor del Colef.
El investigador concluyó que México seguirá siendo presionado por Estados Unidos para fortalecer el combate contra las drogas y para frenar el paso de migrantes hacia su territorio a medida de que no se construyan políticas integrales entre ambos países. Concretar estas iniciativas -afirmó el especialista- dependerá “de la capacidad de la política exterior mexicana de plantear un eficaz proceso de negociación y sobre todo considerando los beneficios diversos que tiene tanto la migración, pero sobre todo de avanzar en políticas integrales en materia de seguridad”.
“Hay una cierta ventaja en Estados Unidos porque hay actores que están promoviendo una negociación, una conciliación, y no las acciones radicales de presión, como existirían por una parte con la directora Kristi Noem, directora de Seguridad Nacional, en parte con la DEA. Hay otros actores burocráticos, ya sea Marco Rubio en la Secretaría del Estado, el Departamento de Defensa, incluso de Marina, que en el marco del comando norte estaría más a favor de una colaboración binacional, no de presiones. (..) En otras palabras, y como lo han dicho algunos actores, recientemente Marco Rubio: las presiones no llevan a ninguna parte”, concluyó José María Ramos García.
FUENTE: DIARIO 22
