Las autoridades deben actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos, dice el Alto Comisionado.
La vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para ampliar las investigaciones del caso Tlatlaya, incluso a altos mandos militares.
“Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado dicha alteración.
“También deben ser rigurosamente investigadas otras presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso Tlatlaya, incluyendo la detención arbitraria y la tortura de testigos”, señaló.
También hizo un llamado a las autoridades mexicanas para asegurarse de realizar una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este caso.
Al expresar su profunda preocupación porque a casi dos años “el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad”, ante las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, Estado de México, que incluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
En una declaración a medios que tuvo lugar en Ginebra, Shamdasani recordó que el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que el caso Tlatlaya sería observado muy de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades en la lucha contra la impunidad, luego de que la reforma al Código Militar ubicara a los efectivos del Ejército bajo la jurisdicción de los tribunales civiles en casos de crímenes cometidos contra civiles.
Estas declaraciones las hizo Ra’ad Al Hussein durante su visita a México en octubre del año pasado. La vocera del Alto Comisionado también instó a las autoridades de procuración y administración de justicia a actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos en las investigaciones y juicios.
Abundó que dada la importancia de la evidencia forense en este caso, debe establecerse en México una institución forense nacional y autónoma adecuadamente financiada para reforzar las investigaciones en este y otros casos.
Además expresó el respeto a la independencia del Poder Judicial y tomó nota de la declaración hecha por la Procuraduría General de la República en cuanto a que continuará acercando evidencia “a fin de evitar que los delitos cometidos […] en Tlatlaya […] no queden impunes”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida, de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente.
Siete militares fueron arrestados en conexión con el caso, pero en octubre de 2015 un juez desestimó los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada una corte puso en libertad a los otros tres, al considerar que no había evidencia suficiente contra ellos.
