El movimiento ‘Educación con Rumbo’ presentó un amparo para que el Poder Judicial «garantice que la decisión del Gobierno de regresar a clases de manera presencial, salvaguarde los derechos humanos, a la vida y la salud física y socioemocional de niños y niñas de primaria y secundaria».
El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa dio un plazo de 24 horas a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que informe de las medidas de protección y protocolos instaurados para mitigar los impactos de la Covid-19 por el regreso a clases presenciales.
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Lo anterior, debido al amparo interpuesto por el movimiento ‘Educación con Rumbo’ con el que pretende que el Poder Judicial “garantice que la decisión del Gobierno de regresar a clases de manera presencial, salvaguarde los derechos humanos, a la vida y la salud física y socioemocional de niños y niñas de primaria y secundaria”.
En un comunicado, el movimiento explicó que presentó el amparo porque las autoridades educativas “han omitido acreditar la instrumentación de protocolos y adecuaciones a la infraestructura de las escuelas para mitigar el impacto de la variante Delta del Covid-19 que afecta principalmente a niños y niñas de primaria y secundaria”.
Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional del movimiento, aclaró que el amparo no pretende impedir el regreso a clases de manera presencial, sino “someter a un escrutinio y control constitucional las omisiones de las autoridades para que el regreso a clases sea seguro y garantice los derechos humanos de los niños”.
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Consideró que para un regreso integral a clases es prioritaria la evaluación y regularización de los niños; la capacitación en temas socioemocionales a maestros y directivos, debido a los efectos psicológicos provocados en los niños por el confinamiento, así como la implementación de protocolos integrales para la contención del Covid-19 en las escuelas.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel Ortiz destacó que el amparo presentado es un precedente relevante en materia de defensa de derechos humanos de los niños pues se dirige a garantizar su derecho humano a la vida, la supervivencia y al más alto estándar de protección de salud y educación, de conformidad con la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño.
El pasado 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el regreso a clases presenciales para el 30 de agosto sigue en pie, aunque aclaró que no es obligatorio. Afirmó que no ha habido problemas graves por el regreso a clases en otros países, y que México no está en los primeros lugares de gravedad por la pandemia.
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La investigadora y activista Alexandra Zapata, afirmó en Aristegui en Vivo que el regreso a clases requiere comunicación efectiva, planeación y presupuesto para mantener las medidas sanitarias, lo que resalta debido a la situación de escasez que de por sí tiene el sistema educativo.
