Los juzgados federales han negado la suspensión definitiva a los socios mayoritarios de Aguakan, tras el segundo juicio de amparo que solicitado desde el 16 de enero en contra del Congreso del Estado de Quintana Roo tras la aprobación del decreto 195 con el que se expira de forma automática la concesión de la empresa.
La demanda presentada a nombre del CEO de GBM Infraestructura, Diego José Ramos González de Castilla, señala que la legislatura estatal está ignorando los términos y procedimientos que se establecen en el artículo 177 de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo.
De acuerdo a la orientación de la directora jurídica de Legaelite, Larissa Mas, en casos como este, en donde los socios mayoritarios solicitan este tipo de medidas cautelares, pueden ser utilizadas como complementos legislativos del expediente que den más peso al caso principal de Aguakan. Sin embargo, la negación de la suspensión definitiva en esta ocasión no tendrá ningún peso.
“Este amparo fue un tema en contra de la Ley de los Municipios, para que no se aplique la norma, este podría ser una de tantos recursos que pueden solicitar. El que no les otorgue la suspensión definitiva, no tendrá ningún efecto en cuanto al juicio principal, por lo que se mantiene”.
Señaló que el supuesto normativo que utilizaron los socios, en este caso el artículo 177 de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo, pudo no tener las argumentaciones legales para acreditar la suspensión.
“Habría que ver en qué términos presentó la demanda. Lo que sabemos es que argumentaron que este artículo les generaba una afectación, pero pues ahora el que se la negaran trae como consecuencia que la autoridad pueda seguir aplicando el precepto de esa norma”.
