El gobierno federal volverá a financiar otra etapa de trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los normalistas
El gobierno federal financiará otra investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con una carta que la CIDH —órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos— envió al Estado mexicano y a los padres de los normalistas, la nueva intervención operará bajo un Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El documento indica que el mecanismo consta de ocho “elementos mínimos”. El punto seis pide que el mecanismo de seguimiento “deberá tener asegurado su financiamiento”.
El subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, confirmó el regreso de la CIDH y su financiamiento.
Un equipo especial realizará visitas bimestrales a México con duración de cinco días, se propuso.
“No habrá un término. En la sesión primera del siguiente año revisaremos y evaluaremos cómo va caminando.
Pero no tendrá un plazo determinado”, agregó Campa Cifrián.
A finales de julio representantes de la CIDH, padres de los normalistas y autoridades federales se reunirán para definir la fecha del comienzo de la nueva investigación.
En abril pasado concluyeron los trabajos que el GIEI realizó en México durante año y medio y que tuvieron un costo de dos millones de dólares.
Acuerdan regreso de CIDH a México
El gobierno absorberá los gastos del equipo especial de la comisión en el país, confirma Roberto Campa.
El gobierno mexicano volverá a financiar una nueva etapa de trabajos de investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En una carta que el órgano autónomo de la OEA envió al Estado mexicano, y a su vez a los padres de los 43 normalistas desaparecidos —de la cual Excélsior obtuvo una copia— señaló necesario que el Mecanismo cuente con ocho “elementos mínimos”.
Uno de los puntos solicitados, el número seis, pide que “el Mecanismo de Seguimiento deberá tener asegurado su financiamiento”.
Ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, confirmó que absorberán los gastos del equipo especial de la CIDH (conformado por mínimo dos personas) en las visitas a México, que se proponen bimestrales y con duración de al menos cinco días.
“No estamos hablando de un mecanismo costoso, estamos hablando de la atención de algunos gastos que resultan indispensables, pero no se está planteando un mecanismo costoso”, dijo en entrevista, luego de reunirse con los padres de los 43.
El costo operativo y técnico de la investigación realizada por el GIEI durante casi año y medio en México fue de alrededor de dos millones de dólares.
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Aunque Campa Cifrián aseguró que el financiamiento ya “está previsto” no habló de presupuestos con montos máximos o mínimos, aunque sí aclaró que no hay temporalidad para las visitas.
“Hemos convenido que no habrá un término, que en la sesión primera del siguiente año revisaremos y evaluaremos cómo va caminando. Pero se ha convenido que no tendrá un plazo determinado”, contestó.
Los padres y el gobierno federal esperan alcanzar acuerdos en una reunión que sostendrán con la CIDH en la última semana de julio, abordando los ocho puntos requeridos y la respuesta a estos que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió, y no ha hecho pública.
Mientras tanto, los familiares confirmaron a este diario que el próximo viernes por la tarde, en un horario y lugar todavía por definir, se reunirán nuevamente con el subsecretario Campa Cifrián, personal de la Procuraduría General de la República y de la SRE.
En los puntos de la CIDH se enfatiza que el objetivo del Mecanismo será dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI; que sea creado un equipo especial con facultades para reunirse con las autoridades necesarias.
También, que el mismo equipo tenga la posibilidad de trabajar con autonomía e independencia, con acceso pleno a la información necesaria; y, tras las visitas del relator de país, comisionado o designado por la CIDH, emita un comunicado de prensa para informar del seguimiento.
Seguimiento
En octubre de 2014, la CIDH pidió al Estado mexicano investigar y reparar el daño por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 1 de marzo de 2015 viajó a México el GIEI, formado por la CIDH, para iniciar sus trabajos sobre el caso Iguala.
El 6 de septiembre de 2015, el grupo de expertos independientes afirmó que la versión oficial, que asegura que los jóvenes fueron asesinados y sus restos quemados en el basurero del municipio de Cocula es imprecisa.
En octubre de 2015, la CIDH decidió extender el mandato del GIEI hasta el 30 de abril de 2016.
En marzo pasado, la Segob confirmó que el plazo del GIEI no tendría prórroga. Mediante un plantón, familiares de los desaparecidos exigieron su permanencia en el país.
En abril, la CIDH anunció el establecimiento de un mecanismo especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, al concluir los trabajos del GIEI.
Informa PGR sobre búsqueda
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 sobre los avances en la investigación y las acciones de búsqueda que se llevan a cabo.
Tras un encuentro encabezado por la titular de la PGR, Arely Gómez, en las instalaciones de la dependencia federal, se reiteró el compromiso de la institución para esclarecer el caso. También se les dio a conocer los últimos avances en la investigación derivados de las últimas detenciones de personas relacionadas con los hechos, así como del análisis exhaustivo en materia de telefonía y trabajos periciales que están en curso.
“Esta institución tiene y mantiene como su mayor prioridad la investigación de los hechos ocurridos en Iguala”, manifestó Gómez González.
En la reunión también participó Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
Fuente: Excelsior
