El proceso de desafuero fue iniciado el 23 de febrero de 2021 por la FGR que buscaba, según su petición a los diputados federales, imputar al gobernador de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal. De estos tres delitos ninguno merece prisión preventiva de oficio.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá dos impugnaciones con las que el Congreso de Tamaulipas intentó evitar el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su detención por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Se trata de la controversia constitucional presentada contra la resolución del juicio de procedencia dictada el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados, en la que el Congreso estatal afirmó que la Federación invadió sus competencias.
Este juicio de procedencia, también conocido como desafuero, fue iniciado el 23 de febrero de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba, según su petición a los diputados federales, imputar al gobernador de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal. De estos tres delitos ninguno merece prisión preventiva de oficio.
En la resolución del 30 de abril de 2021, los diputados federales ordenaron notificar al Congreso de Tamaulipas para que decidieran si adoptaban o no la determinación.
Por ello, los legisladores locales presentaron la controversia el 9 de mayo siguiente, misma que fue desechada el 14 de mayo de 2021 por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Aunque el ministro desechó la controversia, declaró que el fuero del gobernador seguía vigente hasta concluir su encargo en octubre próximo y que las competencias del Congreso local no fueron invadidas porque la Cámara de Diputados le dio oportunidad de pronunciarse libremente.
En tanto, la FGR solicitó ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra García Cabeza de Vaca.
Estos delitos son distintos a los que dieron origen al desafuero y delincuencia organizada sí merece prisión preventiva de oficio, por lo que además solicitó la emisión de una ficha roja por si el mandatario estatal sale del país.
También impugnó ante la Corte el pronunciamiento del ministro González Alcántara en el desechamiento de la controversia constitucional contra el desafuero.
Contra la petición de la orden de aprehensión, el Congreso local presentó una segunda controversia constitucional ante la Corte porque consideró que, en caso de darse el desafuero, la FGR no puede detener al gobernador por delitos diversos que dieron origen al juicio de procedencia.
En julio de 2021 la Primera Sala de la Corte ordenó admitir a trámite las controversias del legislativo de Tamaulipas para que el Máximo Tribunal resuelva el enredo.
¿Qué puede pasar?
Los proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no son públicos, pero si la Sala declara que el fuero del gobernador prevalece, la FGR no podrá proceder en su contra sino hasta que concluya su cargo en octubre próximo.
Si la Sala declara que el desafuero es legal, la resolución que podría cambiar el panorama será la de la controversia constitucional contra la orden de aprehensión.
En esta controversia, si la Sala concluye que la orden de aprehensión solicitada por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero no procede por no ser los mismos delitos que generaron el desafuero, puede ordenar cancelarla.
En este caso, si el fuero prevalece, la FGR tendrá que esperar a que esta protección concluya y, si es su deseo llevarlo a juicio por esos delitos, volver a presentar su petición.
Si el desafuero es declarado legal los ministros pueden precisar que FGR únicamente podrá iniciar proceso penal por los delitos que dieron origen al juicio de procedencia, es decir, asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal.
De no precisar esto y declarar procedente el desafuero, FGR podría ejecutar su orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero y, en ese caso, el gobernador tendrá que ser presentado ante el juez de Almoloya.
FUENTE: PROCESO
