Redacción Macronews.- La Ley General de Aguas establece la prohibición de cortes totales del servicio y obliga a las autoridades competentes a garantizar un suministro mínimo de agua en hogares, escuelas y centros de trabajo, incluso cuando existan adeudos por el pago del servicio, con el objetivo de salvaguardar el derecho humano al agua y proteger condiciones básicas de salud, higiene y bienestar.
De acuerdo con la normativa, el acceso al agua potable es un derecho fundamental que debe preservarse en todo momento, por lo que los organismos operadores no pueden suspender completamente el servicio como medida de presión por falta de pago. La ley prioriza el consumo esencial y mandata a las autoridades a implementar esquemas de cobro, regularización o apoyo social sin afectar el suministro mínimo indispensable para la población.
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Especialistas señalan que esta disposición busca evitar impactos graves en la salud pública, particularmente en comunidades vulnerables, centros educativos y espacios laborales, donde la falta de agua puede generar riesgos sanitarios y afectar actividades básicas. Asimismo, se refuerza la responsabilidad de los gobiernos locales y estatales para asegurar infraestructura adecuada y mecanismos de distribución equitativos.
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La legislación también impulsa una gestión más justa y sostenible del recurso hídrico, al equilibrar la obligación de pago con la protección de derechos humanos, fomentando soluciones administrativas antes que sanciones que priven totalmente del acceso al agua.
