Un juez federal vinculó a proceso al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, de los que lo acusa la Fiscalía General de la República, en el caso de sobornos presuntamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht, a cambio de contratos gubernamentales.
El extitular de Pemex no irá a prisión, ya que la FGR solicitó que, como medidas cautelares, siguiera bajo vigilancia de la Policía Federal Ministerial en el hospital de la Ciudad de México donde se encuentra internado.
El juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, así como la defensa de Lozoya, aprobaron las medidas solicitadas por la Fiscalía. El procesado también deberá entregar su pasaporte y se le colocará un brazalete de monitoreo electrónico, ya que se le prohibió salir de la ciudad y del país.
Al inicio de su segundo día de audiencias, en la que Lozoya compareció vía teleconferencia, el extitular de Pemex negó haber recibido sobornos de la constructora Odebrecht, que ascendieron a 10.5 millones de dólares, según la Fiscalía.
La defensa del exfuncionario repitió su estrategia legal, al no declararse culpable, pero ofrecer su colaboración a las autoridades mediante un “criterio de oportunidad”.
Antes de finalizar la audiencia, el juez decretó la libertad condicional de Lozoya Austin, pero precisó que lo hacía “sin perjuicio de que pueda ser privado de este derecho con motivo de la existencia de alguna otra causa del orden federal o del fuero común”.
También concedió a la FGR un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria. La audiencia concluyó formalmente a las 22:22 horas.
Los tres delitos
El juez federal determinó que Lozoya “puso en peligro a la sociedad y al patrimonio nacional”, luego de analizar cada uno de los tres delitos por los que se le vincula, mismos que se tuvieron inicio en 2012 y concluyeron en 2014.
Durante su análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía expuso que, en cuanto hace al delito de operación con recursos de procedencia ilícita, necesariamente deberá atenderse a las dos etapas en las cuales se desarrolló dicha actividad.
La primera etapa es antes del 1 de diciembre de 2012, cuando Lozoya no era servidor público. La segunda etapa tiene lugar a partir del año 2013 y culmina durante el año 2014, en donde el imputado ya contaba con esa calidad de servidor público.
“Respecto al delito de asociación delictuosa se comprueba la intervención de más de tres personas vinculadas con la finalidad de materializar conductas ilícitas”, expuso el juez, al tomar en cuenta la participación de personas allegadas los recursos de Norberto Odebrecht.
Además tomó en cuenta los mecanismos de empresas operados su círculo familiar: hermana, esposa y madre.
“La madre abrió la cuenta para recepción de transferencias; la esposa adquirió un bien inmueble de guerrero usando un fideicomiso, y la hermana se benefició al realizar apertura de cuentas para los depósitos. Las tres omitieron reportar las operaciones ante las autoridades hacendarias”.
En lo relativo al delito de cohecho, expuso que, como servidor público, Lozoya “recibió para su beneficio seis millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña, a través de la asignación de obras de forma directa para obtener beneficios económicos”.
“Se ha explicado, a través de la denuncia de Pemex y la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), cómo fue la recepción de recursos y transferencias para adquisición de un bien inmueble que liquidó a través de tres pagos en 2013. Además de la denuncia de los testigos brasileños en la corte de Nueva York, Estados Unidos, de que dieron dinero a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana”.
En complemento a los datos de prueba derivados de la colaboración internacional, la FGR cuenta con las traducciones de lo resuelto en el delito de fraude de los testigos brasileños donde explicaron los sobornos a funcionarios, “entre ellos los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano de alto rango que controlaba una empresa del estado para recibir los contratos de obra”.
FUENTE: Aristegui
