De las más de 230 mil personas privadas de la libertad en México, una de cada 10 está presa por delitos relacionados con drogas, de acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según una publicación que realizó en su cuenta de X, antes Twitter.
¿Cuántos están presos por narcomenudeo o narcotráfico?
Según el Inegi, al cierre de 2023 había 232 mil 3 personas privadas de la libertad en el país, y de este total, 9.4% se encontraban en prisión por delitos relacionados con drogas, es decir, más de 21 mil personas.
Esta cifra incluye a quienes están acusados o sentenciados por narcomenudeo y tráfico de drogas a nivel local o federal, de acuerdo con el desglose que presentó el organismo a través de sus canales oficiales y redes sociales.
¿Qué otros datos reveló el Inegi?
En su más reciente informe sobre la situación penitenciaria en México, el Inegi detalló que:
- La mayoría de las personas presas por delitos de drogas son hombres
- El narcomenudeo es el delito más frecuente dentro de esta categoría
- Muchos de los casos están relacionados con la posesión simple o con fines de venta
Además, el instituto explicó que esta información proviene de los registros administrativos de los centros penitenciarios estatales y federales, lo que permite conocer el perfil y la situación jurídica de las personas privadas de la libertad.
Acá los datos duros del Inegi:
| Narcomenudeo | Narcotráfico | |
| 14,867 | 7,021 | |
| Hombres | 92.2% | 92.4 |
| Mujeres | 7.8% | 7.6% |
Al cierre de 2023, los estados que registraron las tasas más altas de personas recluidas por delitos relacionados con narcóticos en los centros penitenciarios estatales eran:
- Durango 61.9%
- Sonora 53.8%
- Chihuahua 52.3%
Estas tasas fueron hasta cuatro veces más altas que la media nacional que fue de 14.3 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con datos de Inegi.
¿Por qué es importante esta información?
Estos datos ayudan a entender el impacto de los delitos relacionados con drogas en el sistema penitenciario mexicano, así como la necesidad de diseñar políticas públicas enfocadas en la prevención, atención a las adicciones y revisión del sistema penal, especialmente en los casos de posesión simple.
