Redacción Macronews.- Con penas que van de 15 hasta 42 años de cárcel, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado concluyeron el dictamen de la nueva Ley contra la Extorsión, que busca frenar prácticas como los montachoques, el cobro de piso, las extorsiones telefónicas desde prisiones y la participación de falsos o auténticos elementos policiales en este delito. El proyecto será discutido y votado este mismo día en comisiones.
La legislación establece una pena base de 15 a 25 años de prisión por el delito de extorsión, pero contempla agravantes que pueden añadir de 3 a 17 años adicionales, alcanzando un máximo de 42 años de condena. Entre los agravantes se incluye el uso de violencia física o moral para exigir pagos derivados de accidentes de tránsito provocados de manera intencional, modalidad conocida como montachoques.
El dictamen también prevé sanciones específicas para servidores públicos:
- 10 a 20 años de prisión para policías, jueces, fiscales o custodios que, conociendo un acto de extorsión, se abstengan de denunciarlo.
- Hasta 30 años de cárcel para autoridades penitenciarias que permitan extorsiones desde centros de reclusión.
- Hasta 12 años de prisión para quienes introduzcan teléfonos inteligentes u otros dispositivos electrónicos a las cárceles.
Además, los servidores públicos que participen en actos de extorsión enfrentarán destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo igual al de la pena impuesta.
La ley también contempla agravantes cuando el delito se cometa utilizando vestimenta oficial, involucrando menores de edad, afectando directamente la economía de comunidades o simulando ser parte de instituciones financieras o de seguridad.
Los llamados montachoques han proliferado en distintas ciudades del país, operando con vehículos dañados y cómplices que simulan ser testigos o ajustadores. Tras provocar un accidente, intimidan a los conductores para exigir pagos inmediatos, sin recurrir a aseguradoras. Con esta reforma, las autoridades buscan cerrar el paso a estas prácticas de extorsión y fortalecer la protección ciudadana.
