Península de Yucatán, 22 de Marzo del 2025-,Aunque la Península de Yucatán depende casi en su totalidad del agua subterránea para su abastecimiento, el rezago en infraestructura para el tratamiento de aguas residuales representa una amenaza creciente para el medio ambiente, la salud pública y el desarrollo económico de la región, advierten especialistas en hidrología.

En 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró más de mil 500 obras de toma en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sustentadas en pozos conectados a una vasta red de cenotes y cavernas. Sin embargo, la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales es un problema crítico. Ese mismo año, Yucatán contaba con apenas 26 plantas, Campeche con 18 y Quintana Roo con 24, cifras insuficientes ante el crecimiento poblacional, turístico y agrícola de la región.

A diferencia de otras zonas del país, donde los ríos superficiales pueden diluir o evacuar contaminantes, la península carece de estos cuerpos de agua. Toda descarga de aguas residuales va directamente al subsuelo, contaminando los acuíferos que abastecen a millones de personas y actividades económicas.

Los datos del Inegi, publicados con motivo del Día Mundial del Agua este 22 de marzo, muestran que la cobertura de tratamiento de aguas residuales en la región es limitada. A nivel nacional, en 2022 había tres mil 440 plantas, de las cuales dos mil 258 estaban activas, pero los estados peninsulares no figuran entre los primeros lugares en este rubro.

En 2023, más de 24 mil millones de metros cúbicos de aguas residuales fueron vertidas al ambiente sin tratamiento en todo el país, muchas de ellas en la Península de Yucatán, donde los cenotes y ríos subterráneos absorben directamente los contaminantes. Este descuido tiene un alto costo: el agotamiento del agua subterránea representó un daño económico superior a los 35 mil millones de pesos, mientras que la contaminación por aguas no tratadas sumó otros 66 mil millones. El impacto combinado equivale al 0.32% del PIB nacional.

Además, la ineficiencia en el uso del agua en la agricultura, donde el riego por gravedad sigue siendo predominante, agrava el problema. Los especialistas destacan que la modernización del riego y la tecnificación del campo son indispensables, pero no reemplazan la necesidad de una red robusta de saneamiento.

La urgencia de tratar las aguas residuales en la península es crítica no solo para proteger el medio ambiente y la salud pública, sino también para garantizar la viabilidad de un modelo económico basado en el turismo sostenible, la agricultura exportadora y el bienestar de las comunidades.

Este rezago en infraestructura y políticas públicas eficaces representa un desafío urgente que requiere atención inmediata y una inversión significativa para asegurar el futuro de la región.