“Se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el Inai. Entonces, se están enviando el día de hoy estas leyes para consideración en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados”, dijo.
¿Cómo funcionará la transparencia?
La secretaria Raquel Buenrostro aclaró que, con la extinción del Inai, no desaparecerán el derecho de acceso a la información pública, la publicación de obligaciones transparencia, ni los medios de defensa contra el incumplimiento de obligaciones.
No obstante, sí habrá un cambio importante con respecto al modelo actual, ya que desaparecerán los 32 organismos locales homólogos al Inai a nivel estatal.
“Lo que cambia básicamente son las autoridades encargadas de garantizar que se tenga ese acceso a esa información. Por ejemplo, a nivel federal, hasta antes de la reforma, sólo era el Inai. Después de la reforma van a aparecer 18 autoridades que corresponde al Ejecutivo Federal, al Legislativo y al Judicial, a los sindicatos y a todos los autónomos. En el caso local, en el caso a nivel estatal y municipal, antes también se tenían nada más 32 organismos homólogos al Inai, o sea autónomos, ahora van a tener también por Ejecutivo, por Legislativo, por Judicial y también por sus autónomos, eso es lo que cambia”, explicó.
En materia de datos personales, se mantiene su protección, los medios de defensa contra incumplimiento de obligaciones y la verificación de cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, el cambio es que ahora habrá 16 autoridades de protección de datos (una por cada poder y órganos autónomos a nivel federal, así como para partidos políticos).
Respecto al acceso a la información, informó que la Plataforma Nacional de Transparencia será administrada por la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno; hasta ahora, es regulada por el Sistema Nacional de Transparencia y administrada por los organismos garantes.
La funcionaria indicó que, con el nuevo esquema, los particulares podrán impugnar resoluciones locales relativas a recursos federales, ante Buen Gobierno.
“Nosotros identificamos que el 80% actual del trabajo que tiene el Inai va a recaer en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y todo esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura que actualmente tiene el Inai, es decir, vamos a tener un ahorro del 65% en la organización”, destacó
El Sistema Nacional de Acceso a la Información ahora estará compuesto por 40 instituciones y será presidido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Algunos de sus integrantes son el Poder Ejecutivo local, la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial de la Federación, el Archivo General de la Nación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Además, habrá 32 subsistemas integrados por el Poder Ejecutivo local, el Legislativo, el Judicial, Órganos Constitucionales Autónomos y municipios.
«En los medios ha habido, aparentemente, una preocupación de que si se va a violar o no la información que hay en la plataforma. Nosotros ya estamos en pláticas con los comisionados del INAI, y lo que acordamos es que, en el caso de la plataforma, cuando nos la entreguen, le vamos a poner un validador criptográfico ¿Y qué es eso? Es como la huella digital de la base de datos. Es decir, si en algún momento alguien pudiera pensar que se violó la información, se puede hacer una auditoría forense tecnológica para ver si estaba o no estaba desde origen», apuntó.
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«Entonces, con eso garantizamos que no se pierda nada de la información, que toda la información se mantenga y además, que la plataforma continúe porque va a venir en ley. En el esquema actual, decíamos: el particular puede impugnar las resoluciones del INAI. Es decir, si alguien no le da acceso a la información, va al INAI y le dice: “Oye, yo necesito que esta persona cumpla con su obligación de proporcionar información. En el nuevo esquema, como ya no está el INAI, la parte local se va a resolver a nivel local, la parte federal a nivel federal, y en el caso de los recursos federales, en una armonía con el artículo 134 constitucional, toda la información que esté relacionada con recursos federales puede ser atraída o atendida a nivel federal por la Secretaría de Anticorrupción».
Con la iniciativa que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum se abrogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se reformarán cuatro normas: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
