FGR en caso Pegasus
Redacción Macronews.-
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente la existencia de un pacto de impunidad con el expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que se le cuestionara sobre la falta de judicialización en las investigaciones relacionadas con el uso del software espía Pegasus durante el sexenio 2012–2018. En su conferencia matutina del miércoles 9 de julio, la mandataria subrayó que la responsabilidad de esclarecer el estado de las carpetas de investigación recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero.
“No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública para saber si se juzgaba a los expresidentes, que no alcanzó el número de votos necesarios para hacerla válida”, recordó Sheinbaum, en referencia al ejercicio democrático realizado en 2021, donde más de 6.6 millones de ciudadanos participaron, aunque no se alcanzó el 40% de participación requerido por ley para que el resultado fuera vinculante.
La presidenta reiteró que su administración respeta la autonomía de la FGR, y que corresponde al fiscal Gertz Manero explicar por qué las denuncias interpuestas desde 2022 no han sido judicializadas, especialmente aquellas que involucran presuntos sobornos millonarios por la adquisición del software Pegasus, utilizado para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos. “Quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes y qué pasó con esa demanda, pues es la Fiscalía”, puntualizó.
El caso Pegasus volvió a la agenda pública luego de que medios internacionales revelaran que empresarios israelíes habrían entregado 25 millones de dólares al expresidente Peña Nieto para facilitar la compra del software espía. En respuesta, la FGR confirmó que ya se abrió una nueva carpeta de investigación y que se solicitará información adicional al gobierno de Israel.
Durante la conferencia, también se le preguntó a Sheinbaum si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había entregado pruebas suficientes para sustentar una investigación por corrupción. La presidenta respondió que no le corresponde al Ejecutivo evaluar la suficiencia de las pruebas, sino a los órganos autónomos encargados de la procuración de justicia.
Con estas declaraciones, Sheinbaum reafirma su postura de no intervenir en procesos judiciales y de priorizar el fortalecimiento institucional, en contraste con señalamientos de la oposición que han insistido en la existencia de acuerdos políticos para proteger al expresidente priista. “Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: ‘a nosotros nos interesa de aquí en adelante’”, concluyó.
