En México, el reparto de utilidades, conocido también como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), constituye un derecho constitucional que refleja la contribución de los empleados a las ganancias de una empresa.
Sin embargo, a pesar de ser un beneficio legislado, existen situaciones en las que las compañías declaran no tener utilidades a repartir, lo que genera dudas y preocupaciones entre los trabajadores respecto a la justicia y legalidad de estas afirmaciones
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de su titular, Luisa María Alcalde, ha reiterado que el PTU no solo es un incentivo para los trabajadores, sino también una herramienta para equilibrar las dinámicas entre el trabajo y el capital, y mejorar así la distribución de la riqueza en el país.
Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), se estipula que las empresas deben repartir el 10% de sus ganancias netas del año anterior entre sus empleados.
Esta cantidad se divide equitativamente en dos criterios: los días laborados por cada trabajador y los salarios percibidos por estos
La ley marca el 30 de mayo como fecha límite para que las empresas realicen este reparto, mientras que los patrones individuales tienen hasta el 29 de junio para cumplir con esta obligación.
¿Qué hago si mi empresa dice que no genera utilidades?
Sin embargo, existen excepciones a esta regla.
Las empresas de nueva creación están exentas del reparto de utilidades durante el primer año de operaciones, y este período puede extenderse a dos años en el caso de que la compañía esté desarrollando un producto innovador.
Asimismo, las empresas que reportan una utilidad neta anual menor a 300,000 pesos están liberadas de esta obligación. Esta exención también aplica a ciertas instituciones como las del sector público dedicadas a la cultura o aquellas sin fines de lucro, así como a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En casos donde se sospeche la omisión injustificada del reparto de utilidades, los trabajadores pueden enfrentar un proceso legal contra su empleador.
PROCESO LEGAL
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es la entidad encargada de defender los derechos laborales en estos casos, y las sanciones por no cumplir con el reparto pueden oscilar entre 50 y 5,000 días de salario mínimo.
Además, es importante destacar que el derecho al PTU es irrenunciable y, en caso de incumplimiento, los trabajadores tienen un año para reclamar sus derechos a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago.
Cualquier irregularidad puede ser reportada directamente a la PROFEDET o a través del correo electrónico que esta entidad proporciona para consultas y denuncias.
Consecuencias de no cumplir con el reparto de utilidades
No acatar estas disposiciones no solo expone a las empresas a sanciones económicas significativas, sino que también puede dañar su reputación y relaciones laborales.
El reparto de utilidades es visto no solo como un reflejo de la ética empresarial, sino también como un factor crítico en la motivación y satisfacción de los empleados.
Los trabajadores afectados por la falta de reparto de utilidades deben estar informados sobre sus derechos y los pasos a seguir para hacer valer sus reclamaciones.
Por otro lado, las empresas deben realizar una contabilidad transparente y justa para evitar conflictos legales y fomentar un ambiente laboral positivo.
FUENTE: dinero imagen
