TEQUILA, JALISCO. – Detalles de la causa penal 39/2026 han sacado a la luz un sistema de extorsión sin precedentes en el municipio de Tequila. Según la investigación de la FGR, el alcalde morenista Diego Rivera encabezaba una estructura delictiva que exigía «rentas» mensuales de hasta 7 millones de pesos a grandes tequileras y gasolineras, utilizando a la Policía Municipal y a un grupo de choque integrado por ciudadanos colombianos y michoacanos.
Terror en la industria y el comercio El expediente detalla que empresas emblemáticas como José Cuervo y La Cofradía fueron blancos de extorsiones millonarias. Sin embargo, el esquema no perdonaba a los pequeños: comerciantes de artesanías debían pagar 50 mil pesos iniciales para evitar clausuras, más una cuota mensual de 20 mil. Los dueños de vinaterías eran obligados a entregar 150 mil pesos bajo amenaza de cierre inmediato, mientras que los locatarios del centro pagaban «derecho de piso» semanal de hasta 1,500 pesos.
Un gabinete al servicio del CJNG La red de Rivera involucraba a sus funcionarios más cercanos:
Juan Manuel Pérez Sosa (Seguridad Pública): Señalado como el enlace directo con el CJNG y encargado de los «levantones».
Julio César Limón (Tesorero): Responsable de administrar el efectivo de las extorsiones y alterar facturas.
Francisco Javier Rivera «El Faraón»: Utilizaba el padrón de licencias para clausurar negocios de quienes se negaban a pagar.
Raquel Núñez (Esposa del Alcalde): También ubicada dentro de la estructura financiera delictiva.
Testimonios de regidoras, validados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirman que el alcalde operaba armado incluso antes de tomar posesión y que la policía municipal funcionaba como un brazo armado de Severo Flores «El Rey Mago», exjefe policial vinculado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. con el narcotráfico.
