El pleno del Senado de la República, aprobó en lo general con 86 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 39 en contra de la oposición y una abstención la reforma constitucional que contempla se recupera el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como “empresas públicas del Estado” y se define el carácter preponderante de esta última compañía en el sector eléctrico, con respecto a la iniciativa privada.

El debate estuvo impregnado por la sentencia al exsecretario de Felipe Calderón y entre los cambios se elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.

Además, precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

En tribuna, el senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, expuso que se reformó el párrafo quinto del Artículo 25 y el párrafo cuarto del Artículo 28 de la Constitución, en materia de áreas y empresas estratégicas, incorpora modificaciones para asegurar la soberanía energética de nuestro país, consolidando el control estatal sobre sectores estratégicos como el litio, la electricidad y el servicio de internet.

Indicó que “el sector energético es fundamental para la soberanía y el desarrollo de cualquier nación. En el caso de México, la propuesta busca consolidar un marco constitucional que garantice el control del Estado sobre áreas estratégicas que son clave”.